La Fiscalía General del Estado negó que haya un involucramiento de grupos de la delincuencia organizada en los recientes asesinatos y atentados contra presidentes y expresidentes municipales registrados en Oaxaca.
“El trabajo de inteligencia y el análisis del contexto nos han permitido identificar con claridad el origen de estas agresiones, logrando descartar el involucramiento de grupos de la delincuencia organizada”, aseguró.
Desde el 2025 a la fecha, en Oaxaca han sido asesinados tres presidentes municipales en funciones y seis expresidentes municipales, y dos atentados contra un edil en funciones y contra un exedil.
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En estos asesinatos también se han registrado víctimas colaterales, en su mayoría, familiares directos de los presidentes y expresidentes municipales; todos ellos, sus hijos. También han muerto tres policías - dos municipales y uno estatal -, y otros tres policías municipales han resultado con heridas de bala, al igual que un trabajador.
Además, en la lista de políticos asesinados en estos 18 meses, fueron asesinados tres regidores en funciones, un exregidor y un agente municipal.
Entre las víctimas de crímenes de políticos se registran tres mujeres: la presidenta municipal en funciones de San Mateo Piñas, Lilia Gemma Garcia Soto; la regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban Caballos; y la asambleísta del PRD en Santiago Pinotepa Nacional, Isela Lizbeth González López.
Por año, en el 2025 fueron asesinados dos presidentes municipales en funciones, y tres expresidentes municipales; dos regidores en funciones, un exregidor y un agente municipal. En estos ataques, fue asesinado el hijo de 15 años de edad de un regidor de Santiagueras Amoltepec; así como dos policías municipales y dos agentes de seguridad que resultaron lesionados con disparos de armas de fuego.
Mientras que en lo que va de 2026, han sido asesinados un presidente municipal en funciones y tres expresidentes municipales. En estos asesinatos, murieron tres hijos de igual número de ediles. Además, se han registrado dos atentados contra ediles y exediles.
El primer atentado fue contra el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Isidro César Figueroa Jiménez, quien resultó con una herida de bala en el brazo izquierdo; y en el ataque, fue lesionado un trabajador del ayuntamiento.
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Un segundo atentado ocurrió la noche del 22 de junio de 2026, cuando en una emboscada fue atacado el expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, José Alberto Martínez Luna. En la agresión armada, murió uno de sus escoltas que formaba parte de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca. Mientras que el ex edil resultó herido de bala, así como otro elemento policial que también era su escolta. Ambos se reportan estables, aseguró la Fiscalía General del Estado.
Ante las recientes agresiones registradas en contra de diversos actores políticos, como alcaldes y exalcaldes en nuestra entidad, la Fiscalía General de Oaxaca señaló que si bien la prevención de estos delitos corresponde a otras áreas del aparato estatal, su responsabilidad legal, técnica y operativa inicia en el momento en que suceden los hechos.
Y aseguró que bajo esta premisa, cuentan con avances sustanciosos en la resolución de cada uno de estos eventos.
En uno de los casos, dijo, se logró la captura de uno de los autores materiales de estos ataques, a quien se le aseguró la motocicleta utilizada para cometer el atentado, y se han obtenido órdenes de aprehensión para capturar a los probables responsables de otros dos casos.
Además, afirmó que las líneas de investigación y los móviles identificados revelan problemáticas muy específicas en cada uno de estos casos. Por ejemplo, detalló que en dos de los hechos se observa el probable involucramiento de grupos que se disputan el control y el poder político de los municipios; un tercer caso deriva netamente de un conflicto agrario por la disputa de un terreno; mientras que un cuarto incidente tiene como origen una disputa familiar por la posesión de un predio.
“Tener absoluta claridad en los móviles detrás de cada agresión nos permite trazar líneas de investigación sólidas y directas para identificar, localizar y llevar ante la justicia a los responsables”, señaló.
Para el especialista en temas electorales y ex director general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Isidoro Yescas Martínez, esta espiral de violencia política, aunque no es un fenómeno reciente en el estado, es el resultado de la desatención de los dos últimos sexenios en el gobierno estatal para fortalecer los sistemas de seguridad pública.
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Por otro lado, advierte que se ha permitido el empoderamiento de células delictivas y cárteles del crimen organizado en el estado.
“En este sexenio, de manera muy particular, en la región del istmo y específicamente en donde han intentado aplicar un plan de paz que no ha prosperado, que tiene alcances muy limitados porque el grave problema que tiene Oaxaca es que también el sector gubernamental y muchos gobiernos municipales, como el caso de Juchitán, han sido penetrados por el crimen organizado.
“Cuerpos policiacos bajo el control de células, de cárteles y el fenómeno, ahora también se está extendiendo de manera muy preocupante a hacia la región de Valles Centrales”.
Yescas Martínez recuerda que esta violencia política se ha observado en otros procesos electorales en Oaxaca, en elecciones intermedias por la disputa por las diputaciones locales y las presidencias municipales, e incluso cuando está en juego la gubernatura.
Pero en los últimos años, dice, se replicado lo que ocurre a nivel nacional y en otros estados donde la república, donde el crimen organizado ya no sólo disputa el “control de plazas” para sus actividades delictivas como el control de los flujos migratorios, el tráfico de armas y drogas, o el cobro de piso, sino que ahora también intentan tener el control de ayuntamientos y diputaciones, por el presupuesto público que reciben; incluso, también con la postulación de candidatos.
“La penetración del crimen organizado en el caso específico de las coyunturas electorales, lo mismo intervienen en en municipios con sistemas de partidos políticos que de sistemas normativos internos, porque lo que no hay que perder de vista es que hay municipios de usos y costumbres que manejan presupuestos muy fuertes, de hasta 30, 40 o 50 millones de pesos anuales. Por eso ha sido muy visible esta violencia en zonas, por ejemplo, como la Sierra Sur”.
Y una tercera causa, señala, es la continuidad de grupos caciquiles que disputan más que el control político, el control de los recursos públicos que reciben los ayuntamientos, tanto de aquellos que se rigen por sistemas normativos internos como por partidos políticos.