Esta reforma obliga al gobierno del estado a garantizar la atención médica gratuita e inmediata a mujeres embarazadas en instituciones de salud, sin importar si cuentan o no con la afiliación a la seguridad social.
Desde el ámbito jurídico, a partir de ahora será obligatorio en el estado la prevención de la muerte de mujeres, “evitando que por complicaciones en su embarazo, parto o puerperio lleguen a fallecer por no tener un acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud”.
El Congreso informó que en 2021 se registraron 42 fallecimientos por este motivo, mientras que en 2020 hubo 38 casos, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México.
En lo que respecta al periodo de 2002 a 2019, se documentaron 978 casos de mortalidad materna.
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