Más Información
La saxofonista dio a conocer que supo el martes de esta disposición, que la deja con un adeudo de 300 mil pesos, incluido el costo de una cirugía programada para el 9 de septiembre; la decisión le fue notificada por dos asesoras legales del gobierno estatal en una reunión con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
"Por pedir que detenga a mi agresor, visibilizar los feminicidios y el plagio de textiles de Ivette Murat en Oaxaca, esta noche Alejandro Murat me avisó a través de dos abogadas que los tratamientos dermatológicos y quirúrgicos a los que tengo derecho por ley, quedan terminados", explicó la artista.
En respuesta, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que argumenta que, en cumplimiento al Artículo 8 de la Ley General de Víctimas, se ha otorgado a ella y a su familia el apoyo de atención emergente.
María Elena Ríos permaneció cuatro meses en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, luego de su ataque, donde era atendida y recibió injertos en zonas de su cuerpo dañadas por el ácido; no obstante, dado el estado del hospital y sus instalaciones, los injertos se pudrieron y fueron retirados.
El gobierno del estado afirma en el comunicado emitido este miércoles que la famosa música decidió dejar de asistir, por voluntad propia, al INR; sin embargo, ella relata que en octubre de 2020 acudió a retomar su tratamiento, pero el instituto no había reanudado operaciones, por lo que no se trató de una decisión personal.
La saxofonista continuó recibiendo terapia funcional en instituciones privadas, debido a la emergencia sanitaria, en común acuerdo con el gobierno estatal y tal como lo marca la ley; de esta manera, la administración saliente reembolsaba un mes y medio después los gastos que María Elena Ríos pagaba mediante tarjeta de crédito; al respecto, la activista señala que para los reembolsos se entregaban notas, no facturas.
Asimismo, María Elena desmintió que su familia esté recibiendo tratamiento psicológico, ni psiquiátrico, como lo asegura el documento emitido este miércoles. “Nada más he sido yo porque siempre me ha preocupado que en algún momento me dejen de pagar”, indica.
Abunda que desde julio pasado, el gobierno estatal dejó de reintegrar los montos de gastos médicos que ella paga con una tarjeta de crédito, mismos que ascienden a 150 mil pesos aproximadamente, mientras que hay una cirugía programada para fechas próximas con un monto similar, acumulando un adeudo de 300 mil pesos hasta principios de agosto.
Por otro lado, detalla que en cirugías y procedimientos posteriores, los doctores le han apoyado con no cobrarle los gastos, únicamente los procedimientos quirúrgicos, lo que le permitió, hasta ahora, continuar con su tratamiento.
