Estatal | 18-12-23 | 03:12 | Actualizada | 18-12-23 | 03:12 |
El Gobierno de Oaxaca negó a través de sus redes sociales pretender privatizar las tierras comunales y ejidales con la creación del “Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, contemplado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2024.

En su comunicado, asegura que este programa ya funcionaba desde el año 2018 y que continuará en la administración de Salomón Jara Cruz, pero con otro nombre. También apuntó que el objetivo es “otorgar certeza jurídica y patrimonial a las personas poseedoras de predios”.

Sin embargo, en la Ley de Ingresos para el próximo año dice que: “busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales”.

Para especialistas como el abogado y activista Eliot Escobar, en este texto se advierte una “intentona de privatización” de las tierras comunales y ejidales, sobre todo en regiones como la Costa y el Istmo de Tehuantepec, donde el territorio de propiedad colectiva tiene una alta plusvalía por sus recursos naturales o por su ubicación geográfica con fines turísticos o extractivistas.

En respuesta, el gobierno de Salomón Jara explicó que para poder acceder a los beneficios de este programa es requisito indispensable que la asamblea comunitaria haya otorgado al interesado el "dominio pleno", es decir que el predio ya haya sido desincorporado de los núcleos agrarios ejidal o comunal.

“Sólo entonces la persona interesada podrá tramitar en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana, Rural del Estado de Oaxaca (CORETURO), la expedición de certificado parcelario inmobiliario o título de propiedad, obteniendo el estímulo fiscal (descuento) del 50% trámites y servicios de esa instancia, y del 100% en conceptos catastrales y registrales”.

Finalmente, aseguró que son los ejidos y las comunidades los dueños de la tierra y su territorio, y sus asambleas la máxima autoridad para determinar el fin y el objeto de sus tierras, “dejando claro que no pretende invadir la esfera jurídica de los núcleos agrarios comunales y ejidales en el ámbito de su competencia”.

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