Han costado 44.5 mdp suspensiones de obras de carretera a la Costa de Oaxaca por trabas a derecho de vía: ASF
En la construcción de la carretera Barranca Larga-Ventanilla, la ASF detectó un probable daño a la hacienda pública por más de 88 mdp que están pendientes por aclarar y corresponden a 43 kilómetros
Juchitán.— Después de la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la inversión de 805 millones de pesos que en el año 2021 ejerció el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) en el proyecto de la construcción de la carretera Barranca Larga-Ventanilla, que va de Oaxaca a Puerto Escondido y Huatulco, se detectó un probable daño a la hacienda federal, específicamente al patrimonio de la entidad, por más de 88 millones de pesos.
En el documento oficial se especifica que el monto de 88 millones pendientes por aclarar corresponden a 43 kilómetros de la construcción de la carretera Barranca Larga-Ventanilla, que va del kilómetro 135 al 178, teniendo como causas de esta irregularidad el “deficiente control de las suspensiones de los trabajos, la deficiente supervisión de las obras, pagos en exceso”, entre otros motivos.
La carretera, la cual forma parte de la infraestructura para promover la actividad turística de la región, tiene como propósito mejorar las condiciones de circulación del tránsito interregional, conectar las principales zonas turísticas del centro del estado con las del sur (Huatulco, Puerto Escondido y Puerto Ángel) y así evitar el paso por las zonas urbanas intermedias.
En el dictamen emitido el 14 de junio de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, para esta obra se determinaron 11 resultados, de los cuales, en tres no se detectaron irregularidades y los ocho restantes se generaron una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria a funcionarios y siete pliegos de observaciones.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatorias con motivo de las irregularidades detectadas.
El costo de parar los trabajos
Entre las irregularidades mencionadas está la formalización de dos contratos de obra sin contar con la total liberación del derecho de vía, lo que provocó suspensiones de los trabajos, causando pagos no recuperables en los rubros de maquinaria, equipo y reclamos de costos indirectos por las diversas suspensiones durante la ejecución de los trabajos, entre el 7 de abril y el 31 de diciembre de 2020, para el primer contrato, y del 16 de marzo de 2020 al 31 de agosto de 2021, para el segundo.
El documento detalla que 44.5 millones de pesos es el exceso de pagos por las suspensiones de los trabajos. Entre las causas de las suspensiones están que el gobierno de Oaxaca tenía pendiente la entrega de la documentación que acredita la compra-venta de 7 mil 34 hectáreas adquiridas con particulares, entre los kilómetros 100 al 100+800, y que el derecho de vía para trabajos adicionales como estabilizaciones de taludes, accesos, rampas de frenado, áreas de servicio en caseta de cobro, pasos vehiculares y ganaderos, y la reposición de caminos rurales deberían adquirirse durante el proceso constructivo.
“Además, los tres convenios de liberación del derecho de vía y ocupación previa, formalizados entre el gobierno del estado de Oaxaca y las comunidades de San Pablo Coatlán, San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, no demuestran la liberación del derecho de vía”, argumenta la ASF.
Asimismo, señala que la documentación soporte en esta obra no acredita las cantidades de maquinaria y equipo que permanecieron sin utilizarse durante las suspensiones conforme a los programas de obra autorizados, ni que el número de personal y las actividades realizadas, considerados en los costos indirectos durante dichos periodos de suspensión, estuvieran relacionados directamente con los trabajos suspendidos de dichos contratos.
El proyecto de esta carretera comenzó a construirse en 2010, con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dependencia que otorgó una concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la autopista.
En 2016 se suspendió dicha concesión, con un avance del 53%, por aumento de costos e inviabilidad financiera.
Posteriormente, en 2017 se realizó la concesión final de la obra, la cual fue asignada al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Hoy la obra, según el gobierno estatal, lleva un avance de 80%, a casi 13 años del arranque de los trabajos.
