El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó realizar una revisión más exhaustiva de los recursos utilizados en el proceso de consulta de revocación de mandato realizado en el estado de Oaxaca.
Su objetivo es dotar de certeza jurídica y rigor técnico a la vigilancia de los recursos utilizados en ejercicios de democracia directa, con especial énfasis en el proceso que se llevó a cabo en la entidad oaxaqueña en febrero pasado.
Previo a la consulta realizada en Oaxaca, se registró una intensa campaña publicitaria con la contratación de espectaculares en todos los municipios de las regiones del estado, compra de publicidad en redes sociales y otros instrumentos de publicidad como carteles y volantes, en la que se promovía la figura del gobernador Salomón Jara Cruz y se llamaba a votar para mantenerlo en el cargo.
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El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) fue omiso en atender las denuncias contra esta propaganda y publicidad, y sólo en la víspera de la consulta de revocación de mandato ordenó el retiro de toda esa publicidad. El órgano electoral tampoco ha aclarado el origen de los recursos económicos con los cuales se pagaron esos espectaculares, ni una investigación contra las supuestas organizaciones sociales que contrataron los espectaculares, pagaron publicidad en redes sociales e imprimieron los carteles y volantes.
De acuerdo con la resolución del Consejo General del INE, también se aplicará para cualquier otra consulta de participación ciudadana que se realice en los ámbitos nacional o local durante el año 2026, tras realizar modificaciones a los lineamientos de fiscalización de los procesos de Revocación de Mandato.
Lo anterior, fue en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en las modificaciones a los lineamientos se establecen reglas generales para la fiscalización de partidos políticos, ratificando el uso de sistemas institucionales para la captura única de información sobre ingresos y egresos.
Entre las nuevas disposiciones destacan el monitoreo de propaganda en vía pública, medios impresos e internet, así como un control riguroso de los gastos de representación para las personas acreditadas ante las mesas directivas de casilla.
También se introduce el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) como requisito indispensable para validar las transacciones financieras, garantizando la transparencia en el origen y destino de los recursos empleados en estos procesos.