Estatal | 08-06-24 | 05:06 | Actualizada | 08-06-24 | 05:06 |
Oaxaca de Juárez.- El pasado 10 de mayo, el Coordinador General de Delegados por la Paz de Oaxaca, Donato Vargas Jiménez, ordenó a uno de sus auxiliares que sacara al periodista oaxaqueño Jorge Arturo Pérez Alfonso

 cuando grababa el intento de negociaciones que tenía con migrantes, en inmediaciones de la carretera federal 175.

"Sácame a ese wey ya", dijo el funcionario, mientras las personas migrantes pedían a otros medios de comunicación intervenir y grabar los hechos, para evidenciar las acciones de Vargas.

Tras el acto de intimidación, el reportero acudió ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), organismo que inició un procedimiento en el que requiere al funcionario del gobierno de Salomón Jara Cruz, un informe sobre los hechos. Sin embargo, hasta el momento, Donato Vargas no ha respondido la solicitud de la DDHPO.

En diversas ocasiones, colectivas feministas e indígenas han pedido al gobernador la remoción del cargo de Donato, quien ha sido señalado por violencia de género, acoso y violencia digital, pues participaba en un chat donde se difundía material íntimo de mujeres de la región Mixe, sin consentimiento de las mismas. Al llamado para la destitución del funcionario se han sumado, incluso, senadoras.

Pese a que los señalamientos contra Vargas incurren en delitos, incluyendo la transgresión del Derecho a la Libertad de Expresión, Salomón Jara ha justificado: "Yo a Donato le reconozco su trabajo, su dedicación (…) le traen muchas ganas, pero presenten la queja, háganlo si tiene algún agravio contra un ciudadano o ha cometido un delito, con mucho gusto, pero yo le reconozco a Donato, es un compañero muy trabajador, muy dedicado, muy pocos como él”.

Este 7 de junio, en el marco del Día de la Libertad de Prensa, a través de redes sociales, el gobierno local aseguró refrendar el compromiso de  "proteger y fomentar la libertad de expresión, ya que es un derecho fundamental que toda persona pueda expresarse libremente, sin temor a recibir represalias".

De acuerdo con registros de Artículo 19, en 2023, en México, se registraron 561 agresiones contra periodistas.

Las tres categorías de agresiones más documentadas en el 2023 fueron: 1) intimidaciones y hostigamientos; 2) el uso ilegítimo del poder público, principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial; así como 3) las amenazas tanto en la esfera física como digital. Las cifras  representan el 58.82% del total de hechos violentos en ese año. Y en estos casos, el Estado Mexicano es el principal agresor.

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