Inician huelga de hambre 20 maestros retenidos en Oaxaca; exigen 12 mdp para liberarlos
Además de los maestros, personal médico y transportistas son retenidos por pobladores de La Mixtequita; la Fiscalía estatal derivó a la FGR una carpeta por el delito de privación ilegal de la libertad
Juchitán. – Una veintena de docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), “Víctor Bravo Ahuja”, de Tuxtepec, Oaxaca, se declararon este día en huelga de hambre, como una forma de protesta por su retención en el Istmo de Tehuentepec, en la comunidad mixe de La Mixtequita, desde la tarde del pasado sábado 14 de mayo.
Los 20 profesores retenidos pasan la noche en la explanada y en el corredor de la agencia municipal de La Mixtequita, que pertenece al municipio de San Juan Mazatlán, bajo la mirada intimidante de los pobladores que los mantienen cautivos. De los retenidos, 12 son mujeres, confirmó a EL UNIVERSAL la representante sindical de los trabajadores del Conalep 157 de Tuxtepec, María Tehani Herrera.
Los pobladores de las comunidades de La Mixtequita, Felipe Ángeles, Constitución Mexicana y Díaz Ordaz, bloquean desde la semana pasada el paso sobre la carretera a Tuxtepec para presionar al presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe, Macario Eleuterio Jiménez, quien se ha elegido por cinco años consecutivos y a quien le exigen que les entregue más de 12 millones de pesos provenientes de recursos federales, para la realización de obras.
La profesora María Eugenia Manuel Cisneros, que sigue retenida en La Mixtequita, compartió un video donde señala que todas las personas secuestradas están desesperadas por las malas condiciones en que se encuentran desde el pasado sábado y pidieron a las autoridades que intervengan para que puedan ser liberadas.
Originalmente, el grupo de docentes retenidos era de 36 personas, quienes volvían de una reunión sindical en Puerto Escondido y son mantenidos por la fuerza en dicha comunidad desde las 15:00 horas del pasado sábado 14 de mayo, cuando se impidió el paso de su autobús en el bloqueo carretero. María Tehani Herrera, quien permanece retenida desde entonces, relató que antes de ser liberadas las 17 mujeres a las 16:00 horas del domingo 15, recibieron un trato intimidatorio de las autoridades y la población de La Mixtequita.
“Con la comida escasa, baños insalubres, tirados en la explanada, sin condiciones para la limpieza personal, en la madrugada del domingo, en forma burlona cantaron las mañanitas para felicitarnos por ser el Día del maestro. Se burlaban y nunca dejaron de vigilarnos y por eso las mujeres dejamos de caminar hacia el baño y hacíamos nuestras necesidades a la vista de todos”, resumió.
En la comunidad de La Mixtequita permanecen retenidos no solamente los docentes, también hay personal médico y de enfermería del IMSS Bienestar y de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), que laboran en el hospital de María Lombardo, así como choferes de diversas empresas que transportan mercancías variadas, y sus ayudantes. Todos están desesperados.
Por su parte el titular de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca (SEGEGO), Francisco García López, confirmó que al mediodía de ayer lunes se establecería en Matías Romero una mesa de diálogo con los agentes municipales que reclaman al edil los recursos de los Ramos 28 y 33, pero, dijo, “la suspendieron ellos porque querían que lleváramos el dinero en efectivo. No es así", sentenció.
Mientras que el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Conalep informó que se manifiesta en diferentes puntos de la entidad “para exigir al gobernador Alejandro Murat y al titular de la Segego que intervengan y liberen de inmediato a los profesores quienes se encuentran muy agotados ya que no han podido alimentarse de manera adecuada, ni han podido descansar”.
Frente a esos hechos, donde junto con los docentes del Conalep siguen retenidas unas 40 personas en total, entre choferes y sus ayudantes de diversas empresas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que inició la carpeta de investigación 16909/FIST/MATIAS/2022 por el delito de privación ilegal de la libertad, usado como medio de presión a servidores públicos, así como ataque a las vías de comunicación, carpeta que fue derivada a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que es de competencia federal.
