Investigan a funcionaria en Oaxaca por venta ilegal de certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal

Martha Juan Olivera Arellanes, ex responsable estatal del Subsistema de Nacional de Nacimientos (SINAC) del Departamento de Información en Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), es investigada por la presunta venta ilegal de certificados de nacimiento, de defunción y muerte fetal, confirmaron autoridades del sector salud del estado y de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

De acuerdo con la investigación, la venta de estos documentos se realizó en colusión con funcionarios del Registro Civil del Gobierno del Estado de Oaxaca.

En 2023, por ejemplo, advierte que se detectó la expedición de más de 500 certificados de defunción pese a que no se contaba con médicos y que se vendieron en los cinco mil y los 10 mil pesos; las autoridades, presumen que éstas pudieron haberse utilizado para acciones fraudulentas en procesos judiciales ante el Ministerio Público o para el cobro de seguros de vida.

Lee también: Hallan cuerpo de una segunda víctima de la incursión armada a San Juan Mazatlán Mixe, Oaxaca

Además, se detectó la venta de formatos a despachos de abogados, clínicas particulares, empresas dedicadas a la venta de seguros de vida y para negocios del servicio funerario y funeraria, quienes a su vez, lucran con estos documentos oficiales.

Esta presunta actividad ilegal se incrementó a partir de la implementación de un programa del gobierno federal en el año 2020, se detalla en la investigación, a causa de la pandemia del Covid-19 con el objetivo de acelerar o facilitar la entrega de estos certificados a las familias.

El 3 de febrero de 2026, la Fiscalía General de Oaxaca informó que detuvo a dos personas del Registro Civil por el delito de falsificación y alteración de documentos; actividades ilícitas que estarían ligadas a la venta de actas de nacimiento apócrifas a personas migrantes.

La Sección 35 del SNTSA informó que Martha Juan Olivera fue destituida, además, como su delegada sindical en la Dirección de Planeación y Desarrollo de los SSO desde el año 2019 al encontrarse responsable de actos violatorios contra trabajadores sindicalizados, los cuales fueron denunciados a través de múltiples quejas.

Entre esas quejas está el cobro de sobornos, en efectivo y en especie, a los mismos trabajadores para la realización de diferentes trámites sindicales como la Beca de Excelencia, aplicación de sanciones sin tener competencia para ello, acoso laboral, amenazas, despojo de plazas sindicales, omitir la difusión de información relacionada con los movimientos escalafonarios, plazas de jubilaciones, bonos por el Día del Médico, expulsar trabajadores, y procesos amañados como la duplicación de firmas para mantenerse como delegada sindical.

En uno de los documentos, también se le acusa de adjudicar contratos “para beneficiarse ella y unos cuantos”, y de utilizar su cargo sindical para “beneficiarse” con el código de Técnico en Estadística en Área Médica.

Familias del Istmo de Oaxaca denuncian fraude en créditos de vivienda del FOVISSSTE; "mi sueño quedó frustrado"