En un pronunciamiento, apuntaron que la determinación del ministro Javier Laynez de admitir la controversia constitucional presentada por el INE es inconstitucional.
"Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular; preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias; impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificable", sostuvieron.
Manifestaron que la transformación de la vida pública de México está en curso, por lo que no podrá ser detenida "mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad".
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