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El Juez del Juzgado Primero de Distrito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, ordenaron al Estado mexicano el pago de más de 6 mil millones de pesos a dos particulares de nombre Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera por 300 hectáreas del núcleo agrario San Francisco Cozoaltepec, del municipio Santa María Tonameca, Oaxaca.
Pobladores de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec denunciaron que esta sentencia representa un fraude al Estado mediante hechos y documentos falsos, consumaron un “fraude procesal” sobre tierras que pertenecen a la comunidad.
Este fallo o sentencia se emitió el pasado 28 de enero de 2025, cuando “el juez Primero de Distrito, en confabulación con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, emitió este falló gracias al voto decisivo de la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, quien actualmente está en campaña para un cargo como magistrada en el Poder Judicial de la Federación”.
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Desde el año 2011, explicó, un grupo de personas, mediante hechos y documentos falsos, se confabularon con abogados de la Procuraduría Agraria y el entonces Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 para cometer el fraude en perjuicio de la comunidad.
En un primer momento, en mayo de 2016, estos dos particulares Pedro Araiza y Domitilia Guzmán (quienes aseguran que tienen documentos legales) obtuvieron una sentencia agraria sobre la procedencia de la acción agraria de exclusión de aproximadamente 300 hectáreas de terreno comunal; es decir, se desincorporaron de la propiedad de la comunidad.
Lo anterior, puntualizó, con la complicidad del entonces Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 en el Estado, en el expediente número 414/2014.
“Luego con la complicidad y corrupción del Juez Primero de Distrito en el Estado, en el expediente de amparo número 1226/2017, y de los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa, obtuvieron también esos particulares, una resolución a su favor en el incidente de cumplimiento sustituto por la inejecución de la sentencia agraria, por la cantidad de más de seis mil millones de pesos”.
La comunidad sostuvo que estas dos personas no tienen derecho alguno sobre la superficie que reclamaron como su propiedad.
Ante esta sentencia, informó que interpuso un recurso de queja, el cual está pendiente de trámite y resolución por el Colegiado correspondiente.
Sin embargo, manifestó que desconfía de los magistrados del Tribunal Colegiado ya que sus resoluciones han sido infundadas, contradictorias, parciales, y con un claro interés en el asunto en favor de los particulares para la procedencia del pago.
Además, señalaron que la sentencia en la que se ordena el pago de más de seis mil millones de pesos, será en detrimento del Estado Mexicano, “pues se verá afectado el interés público, ya que se dejará de aplicar ese recurso económico en diversos programas sociales como seguridad, educación, salud, entre otros, de ahí la importancia y trascendencia de él presente asunto”.
La comunidad de San Francisco Cozoaltepec también mencionó que ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción, ante la serie de irregularidades de todo el juicio y la actuación indebida de jueces y magistrados, contra los que se han interpuesto diversas quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal.
