La disputa por un bosque en Oaxaca ha dejado más de 150 personas desplazadas de sus hogares

San Miguel El Grande. - En medio de un bosque de ocotales que se extiende en la región Mixteca de Oaxaca unas cuantas personas rodean y vigilan en silencio las últimas casas de madera que se mantienen en pie en Lázaro Cárdenas, una pequeña comunidad que administrativamente se cataloga como agencia de policía del municipio de San Miguel El Grande y donde un grupo de hombres armados obligó a más 150 personas a dejar sus hogares tras un ataque que dejó heridos y tres personas asesinadas. Los agresores, además, incendiaron 18 viviendas y vehículos. Eran los primeros días de mayo. 

Han pasado cinco meses desde ese desplazamiento forzado por la violencia, derivada de una disputa por 7 mil 964 hectáreas de bosque y que, aunque nadie lo reconoce abiertamente, entre pobladores y autoridades se sugiere que también está vinculada a presuntas actividades de tala clandestina. Pese a ese tiempo transcurrido, en la comunidad, que aglutina apenas un puñado de casas, no ha vuelto la tranquilidad y se mantiene el resguardo de autoridades municipales, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.

“No hay que tenerles miedo, porque la tierra es nuestra”, dice una de las guardianas que dedica sus días a proteger la comunidad desde el día del ataque, misma en la que deambulan puercos, perros y otros animales de granja que se quedaron abandonados en este suelo fértil y lleno de vegetación que caracteriza a los pueblos de la nación Ñu‘u Savi.

Foto: Juana García 

En realidad la violencia que se desbordó aquel 5 de mayo no inició ese día. Dos meses antes, el 9 de marzo, sus agresores, originarios de la población vecina de Llano de Guadalupe, ya les habían cerrado el acceso a sus propios hogares, es decir el camino que sirve de entrada y salida a los pobladores de Lázaro Cárdenas y de otra decena de comunidades como San Esteban Atatlahuca, Santa Lucía Monteverde, Santa Cruz Itundujia y Chalcatongo. 

Hasta la fecha ese camino sigue cerrado, por lo que vecinos y transportistas rodean las grandes montañas para llegar de una comunidad a otra, a costo de mayor tiempo y distancia. 

De hecho, mucho antes de que el fuego provocado devorará las viviendas de Lázaro Cárdenas, las familias ya vivían en incertidumbre por su seguridad, debido a los constantes tiroteos que surgían de las entrañas de su bosque, además de la destrucción de su equipo de comunicación, de las tuberías de agua y de sus paneles solares, afectaciones realizadas con el único afán de que los habitantes abandonaran la comunidad. 

“Laura" es esposa de unos fallecidos en el ataque de mayo. Ese no es su nombre real, pero por seguridad pide omitir sus verdaderos datos. La mujer recuerda a su esposo como una persona tranquila y trabajadora. A orilla de la carretera en Lázaro Cárdenas vendían sus frutas de las primeras cosechas de sus árboles frutales y cuenta que tenían muchos planes juntos, pero esa madrugada lo asesinaron y quemaron su casa. Fue entonces que ella tuvo que huir con sus hijos a otro pueblo.

“No voy a poder superar este hecho, me mataron a mi esposo, quemaron mi casa, el carro de mi esposo y perdí todas mis cosas. La idea de él era sembrar muchos árboles frutales para poder sacar un poco de dinero y sostener a nuestra familia. Apenas estaba sembrando otros árboles y lo mataron. A nadie le hacíamos daño, vivíamos felices ahí”, narra “Laura”, implorando justicia desde el interior de un pequeño cuarto donde actualmente se refugia.

Otra de las mujeres vigilantes recuerda cómo salieron huyendo de Lázaro Cárdenas cuando las alcanzó la violencia en medio de disparos de armas de alto calibre y la quema de las casas. Ahora, su vida consiste en turnarse para ir a vigilar las viviendas, para que nadie les arranque las pocas pertenencias que aún les quedan.

Foto: Juana García 

“Venimos a cuidar y a darles comer a los perritos que quedaron acá. Siempre estamos con miedo, pero si no venimos, las personas de Guadalupe se van a apropiar de nuestros terrenos”, señalan mientras sus compañeros se preparan para hacer el cambio de turno y relevarlas, así se han mantenido durante casi 20 semanas.

 

Defender el territorio 

 

“Todos los ciudadanos del municipio estamos en constante riesgo, porque los pobladores han sufrido emboscadas, ataques directos con arma de fuego, secuestro. Los señores de Llano de Guadalupe, que pertenece al municipio de Tlaxiaco, están obstruyendo el libre tránsito. Creemos que todo deriva del conflicto agrario que tenemos con ellos, es un asunto de cientos de años, no es de ahorita, siempre se han querido apropiar de nuestra tierra y de nuestro bosque”, detallan las autoridades de San Miguel El Grande.

Afirman que el conflicto por parte de los pobladores de Llano de Guadalupe ha permanecido latente al menos desde 1942 y aún continúa así hasta la fecha. Recientemente las agresiones escalaron y ya suman cinco homicidios, emboscadas, la quema de las 18 viviendas y vehículos, así como varios incendios forestales provocados.

“Prácticamente el interés de ellos es posesionarse de nuestro territorio, no sabemos de dónde vienen y de dónde son. Llegaron a asentarse en nuestras tierras, pero nosotros somos dueños legítimos del plano con fecha del 13 de septiembre de 1942”, afirman pobladores y autoridades de Lázaro Cárdenas.

En Llano de Guadalupe no están de acuerdo, pues pobladores y autoridades aseguran que poseen documentos avalados por el Tribunal Unitario Agrario en febrero del año 2021donde se les reconoce como los dueños del territorio en disputa. Al respecto, en San Miguel las autoridades afirman que esos son “papeles acomodadas a modo por el tribunal” y se dicen decididos a proteger sus tierras. 

Esa férrea defensa de su territorio y su bosque no ha sido gratuita. Sólo en lo que va de 2023, con corte a principios de septiembre, las autoridades de San Miguel El Grande contabilizan al menos 13 hechos violentos dirigidos en contra de las familias de Lázaro Cárdenas, entre ellos el asesinato de las tres personas y los heridos que dejó la agresión de aquel 5 de mayo. 

Sobre los incendios que han consumido sus viviendas y su bosque, los pobladores narran que el fuego ha sido en más de una ocasión la expresión de la violencia, pues la quema de casas, vehículos y hectáreas de árboles se ha registrado en más de una ocasión. Lo mismo sucede con los disparos de armas de grueso calibre en lo profundo del bosque, tiroteos continuos que acompañan la destrucción de la infraestructura de la comunidad. 

Foto: Juana García 

Pese a toda esa violencia, tanto los habitantes como las autoridades de Lázaro Cárdenas anhelan la paz, por eso participaban en las mesas de diálogo mediante las cuales el gobierno de Oaxaca pretendía poner fin al conflicto y también por ello accedieron a firmar un acuerdo de paz con quienes saben que son sus agresores, mismo que ellos no respetaron cuando volvieron a atacar a sus vecinos en mayo. 

“Ante de que mataran a tres de nuestros ciudadanos y quemaran sus casas, veníamos sosteniendo diálogos, con la intervención del gobierno del estado, las autoridades de Tlaxiaco y los mismos de Llano de Guadalupe”, recuerda en entrevista el presidente municipal de San Miguel El Grande, Arcángel Ortiz. Desde entonces el diálogo está roto entre ambas poblaciones. 

 

Miles de desplazados 

 

Según  los acuerdos que habían alcanzado las comunidades con miras a poner fin a la disputa, se estipuló entre las autoridades que se reunirían el día 12 de mayo junto con representantes agrarios de ambos núcleos en conflicto. Así, ambas localidades presentarían sus documentos sobre las delimitaciones de la tierra para posteriormente dar paso a un estudio técnico y jurídico. Eso finalmente nunca pasó.  

Antes de la fecha acordada, el 5 de mayo, la violencia desoló a Lázaro Cárdenas y convirtió a sus 150 pobladores en víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI), obligadas a abandonar sus hogares para salvar la vida. 

No se trata de un caso aislado. En su último informe de 2022 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) incluye a Oaxaca entre los estados que registran el mayor número de personas desplazadas por conflictos territoriales y sociales, además de violencia política, lo que ha obligado a miles de personas a desplazarse. Se espera que el caso de San Miguel El Grande sea agregado en los siguientes informes.

Sólo hasta 2021, según un recuento dado a conocer en noviembre de ese año por EL UNIVERSAL con bases en una revisión hemerográfica y los informes de la CMDPDH, más de 6 mil  personas abandonaron sus lugares de origen en el sexenio de Alejandro Murat (PRI), principalmente por la violencia causada por conflictos agrarios y políticos, mientras que el de Lázaro Cárdenas es el primer caso de desplazamiento masivo que se registra desde que inició el nuevo gobierno, con el morenista Salomón Jara al frente. 

Mientras que en México, de acuerdo a cifras acumuladas de 2006 y hasta 2020, se contabilizaban al menos 356 mil 792 personas desplazadas internamente por la violencia, sólo en eventos masivos. A esa cifra se suman alrededor de 29 mil nuevos víctimas de dichos desplazamientos masivos sólo en 2021. 

Actualmente las personas que fueron desplazados de Lázaro Cárdenas se encuentran viviendo con otros familiares en distintos puntos del municipio de San Miguel, pero aseguran que no están dispuestas a arrancarse de su territorio. “No sabemos cuándo se calmará la violencia, pero tenemos la esperanza de que algún día regresemos a nuestro hogar que hemos estado construyendo desde 1998”, afirman.

Foto: Juana García

Recursos forestales, el trasfondo 

 

Para el gobierno de Oaxaca, sólo a través del diálogo podría restablecerse la concordia entre ambas comunidades enfrentadas por el conflicto agrario; no obstante, desde mayo pasado advirtió que la disputa limítrofe se ha agravado por la presencia de tala clandestina, por lo que la intención de controlar la explotación de los recursos forestales de la zona es lo que está alimentando la violencia que generó el desplazamiento de los pobladores de Lázaro Cárdenas. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), asegura que para atender dicho desplazamiento se autorizó la construcción, con recursos públicos, de 18 viviendas para las familias víctimas, como parte de la reparación del daño; además, una persona originaria de Llano de Guadalupe fue detenida y vinculada  a proceso por el delito de homicidio por el ataque de mayo.

"Tenemos una mesa de atención permanente a la conflictividad agraria, esto derivado de una política de paz y bienestar denominada paz territorial y que considera una convivencia pacífica a través del diálogo entre las comunidades con conflictos agrarios internos o externos, como el caso de San Miguel", señala. 

Pero mientras las autoridades oaxaqueñas construyen las viviendas y generan las condiciones que permitan el retorno seguro de las más de150 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, los pobladores de San Miguel viven con la incertidumbre de que, en cualquier momento, el mismo grupo armado pueda atacar en la periferia del municipio o a otras comunidades que residen entre los bosques.

Por el momento, desde las cenizas de lo que fueron sus hogares se observa una cruz entre los pinos, colocada en memoria de Abdón Cruz, quien murió tras recibió varios impactos de bala. Es con ese miedo que los familiares de las víctimas no sólo piden justicia, sino también exigen seguridad para evitar una futura agresión.

En el gobierno de Oaxaca son consientes de ello, pero señalan que no existen recursos para mantener por más tiempo la presencia de las corporaciones de seguridad para proteger a la comunidad, por lo que reiteran en la necesidad de restablecer el diálogo como una forma de iniciar una ruta de pacificación.

"Como gobierno tenemos que entrar al fondo del tema, que es la disputa de las estas hectáreas que tienen el uso forestal. Sino se ponen de acuerdo, en al algún momento las fuerzas policiacas se tendrán que retirar porque hay muchas tareas que realizar”, advierte el secretario de Gobierno.Foto: Juana García