En realidad la violencia que se desbordó aquel 5 de mayo no inició ese día. Dos meses antes, el 9 de marzo, sus agresores, originarios de la población vecina de Llano de Guadalupe, ya les habían cerrado el acceso a sus propios hogares, es decir el camino que sirve de entrada y salida a los pobladores de Lázaro Cárdenas y de otra decena de comunidades como San Esteban Atatlahuca, Santa Lucía Monteverde, Santa Cruz Itundujia y Chalcatongo.
Hasta la fecha ese camino sigue cerrado, por lo que vecinos y transportistas rodean las grandes montañas para llegar de una comunidad a otra, a costo de mayor tiempo y distancia.
De hecho, mucho antes de que el fuego provocado devorará las viviendas de Lázaro Cárdenas, las familias ya vivían en incertidumbre por su seguridad, debido a los constantes tiroteos que surgían de las entrañas de su bosque, además de la destrucción de su equipo de comunicación, de las tuberías de agua y de sus paneles solares, afectaciones realizadas con el único afán de que los habitantes abandonaran la comunidad.
“Laura" es esposa de unos fallecidos en el ataque de mayo. Ese no es su nombre real, pero por seguridad pide omitir sus verdaderos datos. La mujer recuerda a su esposo como una persona tranquila y trabajadora. A orilla de la carretera en Lázaro Cárdenas vendían sus frutas de las primeras cosechas de sus árboles frutales y cuenta que tenían muchos planes juntos, pero esa madrugada lo asesinaron y quemaron su casa. Fue entonces que ella tuvo que huir con sus hijos a otro pueblo.
“No voy a poder superar este hecho, me mataron a mi esposo, quemaron mi casa, el carro de mi esposo y perdí todas mis cosas. La idea de él era sembrar muchos árboles frutales para poder sacar un poco de dinero y sostener a nuestra familia. Apenas estaba sembrando otros árboles y lo mataron. A nadie le hacíamos daño, vivíamos felices ahí”, narra “Laura”, implorando justicia desde el interior de un pequeño cuarto donde actualmente se refugia.
Otra de las mujeres vigilantes recuerda cómo salieron huyendo de Lázaro Cárdenas cuando las alcanzó la violencia en medio de disparos de armas de alto calibre y la quema de las casas. Ahora, su vida consiste en turnarse para ir a vigilar las viviendas, para que nadie les arranque las pocas pertenencias que aún les quedan.
“Venimos a cuidar y a darles comer a los perritos que quedaron acá. Siempre estamos con miedo, pero si no venimos, las personas de Guadalupe se van a apropiar de nuestros terrenos”, señalan mientras sus compañeros se preparan para hacer el cambio de turno y relevarlas, así se han mantenido durante casi 20 semanas.
“Prácticamente el interés de ellos es posesionarse de nuestro territorio, no sabemos de dónde vienen y de dónde son. Llegaron a asentarse en nuestras tierras, pero nosotros somos dueños legítimos del plano con fecha del 13 de septiembre de 1942”, afirman pobladores y autoridades de Lázaro Cárdenas.
Sobre los incendios que han consumido sus viviendas y su bosque, los pobladores narran que el fuego ha sido en más de una ocasión la expresión de la violencia, pues la quema de casas, vehículos y hectáreas de árboles se ha registrado en más de una ocasión. Lo mismo sucede con los disparos de armas de grueso calibre en lo profundo del bosque, tiroteos continuos que acompañan la destrucción de la infraestructura de la comunidad.
“Ante de que mataran a tres de nuestros ciudadanos y quemaran sus casas, veníamos sosteniendo diálogos, con la intervención del gobierno del estado, las autoridades de Tlaxiaco y los mismos de Llano de Guadalupe”, recuerda en entrevista el presidente municipal de San Miguel El Grande, Arcángel Ortiz. Desde entonces el diálogo está roto entre ambas poblaciones.
Según los acuerdos que habían alcanzado las comunidades con miras a poner fin a la disputa, se estipuló entre las autoridades que se reunirían el día 12 de mayo junto con representantes agrarios de ambos núcleos en conflicto. Así, ambas localidades presentarían sus documentos sobre las delimitaciones de la tierra para posteriormente dar paso a un estudio técnico y jurídico. Eso finalmente nunca pasó.
Mientras que en México, de acuerdo a cifras acumuladas de 2006 y hasta 2020, se contabilizaban al menos 356 mil 792 personas desplazadas internamente por la violencia, sólo en eventos masivos. A esa cifra se suman alrededor de 29 mil nuevos víctimas de dichos desplazamientos masivos sólo en 2021.
Actualmente las personas que fueron desplazados de Lázaro Cárdenas se encuentran viviendo con otros familiares en distintos puntos del municipio de San Miguel, pero aseguran que no están dispuestas a arrancarse de su territorio. “No sabemos cuándo se calmará la violencia, pero tenemos la esperanza de que algún día regresemos a nuestro hogar que hemos estado construyendo desde 1998”, afirman.
Para el gobierno de Oaxaca, sólo a través del diálogo podría restablecerse la concordia entre ambas comunidades enfrentadas por el conflicto agrario; no obstante, desde mayo pasado advirtió que la disputa limítrofe se ha agravado por la presencia de tala clandestina, por lo que la intención de controlar la explotación de los recursos forestales de la zona es lo que está alimentando la violencia que generó el desplazamiento de los pobladores de Lázaro Cárdenas.
"Tenemos una mesa de atención permanente a la conflictividad agraria, esto derivado de una política de paz y bienestar denominada paz territorial y que considera una convivencia pacífica a través del diálogo entre las comunidades con conflictos agrarios internos o externos, como el caso de San Miguel", señala.
Pero mientras las autoridades oaxaqueñas construyen las viviendas y generan las condiciones que permitan el retorno seguro de las más de150 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, los pobladores de San Miguel viven con la incertidumbre de que, en cualquier momento, el mismo grupo armado pueda atacar en la periferia del municipio o a otras comunidades que residen entre los bosques.
Por el momento, desde las cenizas de lo que fueron sus hogares se observa una cruz entre los pinos, colocada en memoria de Abdón Cruz, quien murió tras recibió varios impactos de bala. Es con ese miedo que los familiares de las víctimas no sólo piden justicia, sino también exigen seguridad para evitar una futura agresión.
En el gobierno de Oaxaca son consientes de ello, pero señalan que no existen recursos para mantener por más tiempo la presencia de las corporaciones de seguridad para proteger a la comunidad, por lo que reiteran en la necesidad de restablecer el diálogo como una forma de iniciar una ruta de pacificación.