Lentitud y parálisis institucional para ejecutar fallo a favor de Oaxaca, avivan tensiones en Los Chimalapas
Diputadas de Oaxaca reconocen que no hay avances para modificar Constitución; autoridades agrarias y activistas insisten en mesa presidida por Segob; “le apuestan a heredar el problema a nuevas autoridades”, acusan
Juchitán.— Mientras en los pueblos chimalapas colindantes con Chiapas resurgen las tensiones y crecen los reclamos sociales, a juicio de los defensores del medio ambiente y autoridades agrarias, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo de Oaxaca avanzan con lentitud en los trabajos para ejecutar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A modo de justificación, el titular de la Secretaría General de Gobierno (Segego), Francisco García López, revela que a pesar de que el fallo de la Corte se dio en noviembre de 2021 y la resolución se publicó el 25 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno estatal fue notificado legalmente la semana pasada, por lo que preparan acciones orientadas a cumplir la sentencia.
El año pasado, la SCJN analizó la controversia constitucional 121/2012 sobre límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca, que resolvió a favor de esta última, reintegrándole 162 mil hectáreas de tierras de selvas y bosques, para lo que otorgó un plazo de 30 meses a los poderes Ejecutivo y Legislativo de ambas entidades para definir la atención social a las comunidades y la adecuación de sus respectivos marcos jurídicos.
Al respecto, Dennis García Gutiérrez, integrante de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la 65 Legislatura, explica que están trabajando en la elaboración de un anteproyecto para actualizar el marco jurídico de Oaxaca.
Sin embargo, la diputada morenista Lizett Arroyo, integrante de la misma comisión, dice que debido a la alta conflictividad social en el oriente de Los Chimalapas y a petición de la Secretaría de Gobernación, el grupo aún no se involucra en el tema técnico-jurídico para actualizar la Constitución local.
Están esperando, señala, “que con la mediación de Gobernación (Segob) y la colaboración de los gobernadores de ambas entidades, los pueblos que están en los límites de Oaxaca y Chiapas vayan construyendo una ruta de conciliación y paz.
“Entonces empezaremos a trabajar para modificar todo el marco jurídico mandatado por la Corte, antes no, justamente para evitar la confrontación violenta entre esos pueblos hermanos”, agrega la legisladora.
Para el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDCH), Miguel Ángel García, el vacío que dejan las autoridades de ambos estados alienta el resurgimiento de conflictos como el que vive Benito Juárez, en San Miguel Chimalapa, con el chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, en Cintalapa.
Contra la postura conciliatoria que ratificaron los habitantes de Benito Juárez tras el fallo de la Suprema Corte, ahora, con la retención de tres de sus pobladores, bloquearon el acceso de sus vecinos de Díaz Ordaz y exigen que el gobierno federal desaloje a los habitantes de ese ejido chiapaneco, que con el paso de los años tienen hijos y nietos registrados en Benito Juárez.
Ese mismo silencio gubernamental, que propicia el abandono, añade la CNDCH, está provocando que los pobladores de San Antonio, en San Miguel Chimalapa, bloquearan la carretera Panamericana, exigiendo la rehabilitación del camino de Zanatepec y la reconstrucción de la clínica de salud que atiende a cuatro poblados chiapanecos y a seis localidades chimalapas.
“Los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, así como los Congresos de ambas entidades, están apostando a heredarle el problema a las nuevas autoridades. El de Oaxaca termina en este año y el de Chiapas, en 2024, justo cuando vence el plazo dado por la SCJN”, indica García.
Por eso insisten en que se reactive la Mesa Agraria-Ambiental, presidida por Segob en 2011, como garante de paz.
Por su parte, el defensor de la selva zoque y actual regidor de Asuntos Agrarios del municipio de San Miguel Chimalapa, Álvaro Román, lamenta el desinterés de las autoridades federales y de los estados de Chiapas y Oaxaca, y coincide con Miguel Ángel García Aguirre, en el sentido de que mientras más se postergue el proceso de diálogo con las poblaciones involucradas en la sentencia de la Corte, habrá mayores condiciones para que renazcan los resabios y estallidos de violencia.
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