Levantaron delegación de la FGR en Oaxaca en tierras comunales vendidas en proceso irregular

San BartoloCoyotepec.- La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Oaxaca fue edificada en un terreno comunal de San Bartolo Coyotepec que fue vendido como si fuera propiedad privada, en una transacción que acumula irregularidades, según documentos y testimonios consultados por EL UNIVERSAL.

Comuneros confirmaron que estas tierras aparecen como comunales en los planos de esta localidad, que recientemente logró recuperar terrenos en igualdad de condiciones que ocupaba la empresa refresquera Gugar, pues fueron adquiridos indebidamente por la compañía. En esa misma franja están las instalaciones de la delegación estatal de la FGR.

Ante ello, el comisariado y la secretaria del Comisariado de Bienes Comunales de Coyotepec, Carlos Alberto Gómez y Teresita Andrés Castillo, aceptaron que analizan la situación, aunque se negaron a proporcionar más detalles.

 

 

Este diario  tuvo acceso al contrato de compra-venta de ese predio, en el cual se advierten algunas irregularidades. Es el volumen número 209 e instrumento 9343 formalizado en  2003 ante el notario público 66, Gilberto Gamboa Medina, quien fungió como Oficial Mayor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.

Según el contrato de compra-venta, el terreno fue vendido por el notario público 135, Jorge Alberto Merlo Gómez, al gobierno del estado, representado por el entonces procurador de Justicia local Sergio Hampshire Santibáñez Franco, por  5 millones de pesos.

La fracción de terreno sobre la que se construyó la entonces Procuraduría General de la República corresponde al “terreno de sembradura identificado con el número de Lote A-1, segregado por el predio mayor, ubicado en el paraje denominado El Monte, en Jurisdicción de San Bartolo Coyotepec”.

El contrato establece que el lote vendido al gobierno mide 40 metros al norte y colinda con Avenida; 40 metros al sur y colinda con otra propiedad de Jorge Merlo; 250 metros al oriente y colinda con tierras del notario y magistrado Juan Carlos Díaz Carranza y de la notaria Guadalupe Díaz Carranza.

Algunas de las irregularidades detectadas en el documento es que se trata de un terreno comunal que por ley no puede ser vendido; otra es que se trata del mismo notario, Gilberto Gamboa, quien participó cuando Jorge Merlo compró el terreno el 27 de junio de 2003 y cuando lo vendió al gobierno del estado el 9 de agosto, según el instrumento notarial 9195, volumen 205.

Es decir, sólo pasaron 47 días entre la compra del terreno y su posterior venta, que se concretó al segundo día de haber registrado la propiedad.

Fuentes consultadas por esta casa editorial  explican que otra de las irregularidades aparece en los volúmenes enunciados por el notario Gilberto Gamboa, debido a que cuando Jorge Merlo compró el terreno el 27 de junio de 2003 se usó el volumen 205, y cuando lo vendió se usó el volumen 209. Esto, detallan, es difícil que ocurra porque sólo hay un periodo de 47 días entre ambas transacciones: “No se pueden saltar cuatro volúmenes en tan pocos días”.

Además, en los antecedentes no se informa quién fue el vendedor y la propiedad fue inscrita en la partida 256 del tomo 898 del 8 de agosto del año 2003,  es decir, un día antes de venderlo al gobierno del estado.

Un año después, Jorge Merlo fue designado como director del Registro Público de la Propiedad del estado, en el sexenio de José Murat Casab; actualmente es notario público y está vinculado al llamado Cártel del Despojo, según el gobierno federal.

Mientras que la fiscalía de Oaxaca lo acusa de los delitos de fraude maquinado, falsificación de documento y uso de documento falso en contra de los hermanos Gómez Conzatti en un caso de despojo; delitos de los que asegura es inocente.

Sergio Hampshire Santibáñez, exprocurador de Oaxaca, afirma que no tuvo nada que ver en la compra del predio en el que está la delegación de la FGR y que sólo dio fe de la compra: una de sus funciones como procurador en ese entonces.

En entrevista con este medio, Jorge Merlo afirma que el terreno en cuestión se lo compró a Guadalupe Carranza; sin embargo, la familia Díaz Carranza niega haber vendido tierras al fedatario número 135.

“No he cometido ningún delito en ningún asunto. Yo compré legalmente esos terrenos, revisé las escrituras, tenían asientos registrales, vi la oportunidad, me ofrecieron comprarlos derivado de que el dueño de la constructora que hizo la PGR, que se llama Hunab, son amigos míos y ellos me propusieron comprar el terreno, se los vendí y no le veo ningún problema”.

—Pero aquí dice que se lo vendió al gobierno del estado.

—Sí, así es.

Además, afirma que no debe haber ningún proceso de las autoridades comunales o agrarias de San Bartolo Coyotepec, porque pasaron 20 años desde que compró y vendió los terrenos.

 

 

“Yo no creo que deba haber ningún proceso en la vida real, porque estás hablando de que ese terreno yo lo compré por el año 2000 [en los documentos notariales y el contrato de compraventa marca  2003] y se ha de haber vendido en el año de 2001 o 2002 al gobierno del estado. Entonces, estás hablando de hace 20 años. Está prescrita cualquier acción”.

EL UNIVERSAL buscó a la delegación de la FGR en Oaxaca para conocer su postura al respecto, pero no se obtuvo respuesta.