Según el contrato de compra-venta, el terreno fue vendido por el notario público 135, Jorge Alberto Merlo Gómez, al gobierno del estado, representado por el entonces procurador de Justicia local Sergio Hampshire Santibáñez Franco, por 5 millones de pesos.
El contrato establece que el lote vendido al gobierno mide 40 metros al norte y colinda con Avenida; 40 metros al sur y colinda con otra propiedad de Jorge Merlo; 250 metros al oriente y colinda con tierras del notario y magistrado Juan Carlos Díaz Carranza y de la notaria Guadalupe Díaz Carranza.
Algunas de las irregularidades detectadas en el documento es que se trata de un terreno comunal que por ley no puede ser vendido; otra es que se trata del mismo notario, Gilberto Gamboa, quien participó cuando Jorge Merlo compró el terreno el 27 de junio de 2003 y cuando lo vendió al gobierno del estado el 9 de agosto, según el instrumento notarial 9195, volumen 205.
Es decir, sólo pasaron 47 días entre la compra del terreno y su posterior venta, que se concretó al segundo día de haber registrado la propiedad.
Además, en los antecedentes no se informa quién fue el vendedor y la propiedad fue inscrita en la partida 256 del tomo 898 del 8 de agosto del año 2003, es decir, un día antes de venderlo al gobierno del estado.
Mientras que la fiscalía de Oaxaca lo acusa de los delitos de fraude maquinado, falsificación de documento y uso de documento falso en contra de los hermanos Gómez Conzatti en un caso de despojo; delitos de los que asegura es inocente.
Sergio Hampshire Santibáñez, exprocurador de Oaxaca, afirma que no tuvo nada que ver en la compra del predio en el que está la delegación de la FGR y que sólo dio fe de la compra: una de sus funciones como procurador en ese entonces.
En entrevista con este medio, Jorge Merlo afirma que el terreno en cuestión se lo compró a Guadalupe Carranza; sin embargo, la familia Díaz Carranza niega haber vendido tierras al fedatario número 135.
“No he cometido ningún delito en ningún asunto. Yo compré legalmente esos terrenos, revisé las escrituras, tenían asientos registrales, vi la oportunidad, me ofrecieron comprarlos derivado de que el dueño de la constructora que hizo la PGR, que se llama Hunab, son amigos míos y ellos me propusieron comprar el terreno, se los vendí y no le veo ningún problema”.
—Pero aquí dice que se lo vendió al gobierno del estado.
—Sí, así es.
“Yo no creo que deba haber ningún proceso en la vida real, porque estás hablando de que ese terreno yo lo compré por el año 2000 [en los documentos notariales y el contrato de compraventa marca 2003] y se ha de haber vendido en el año de 2001 o 2002 al gobierno del estado. Entonces, estás hablando de hace 20 años. Está prescrita cualquier acción”.