También desestimó el argumento del gobierno de Salomón Jara que consiste en el aumento de la recaudación al gobierno estatal y los municipios.
“Ni lo uno ni lo otro ha beneficiado a los y las cuidadoras de los territorios protegidos por la propiedad social. Los municipios en la mayoría de los casos no distribuyen a las agencias y localidades los recursos de los Ramos 28 y 33, se colocan además como uno de los ámbitos más opacos y con malas prácticas de rendición de cuentas a las y los habitantes”, afirmó.
Y puntualizó que los beneficios o proyectos que se prometieron a los ejidos y comunidades nunca llegaron, y que aquellos que resistieron actualmente son llamados núcleos agrarios sin regularizar, lo cual es una medida discriminatoria que ha colocado en una serie de dificultades en lo cotidiano a ejidos y comunidades agrarias que tienen que hacer trámites engorrosos y costosos, y esperar más tiempo en la obtención de sus trámites.
Educa sostuvo que la Procuraduría Agraria en muchos casos ha omitido su vocación de asesoría y defensa de los derechos de los sujetos agrarios como establece el artículo 135 de la Ley Agraria y se ha convertido en aliado de empresas de todo tipo.
“Por años se han desgastado las asambleas agrarias, se ha dejado de actualizar padrones de ejidatarios y comuneros. Disminuyendo la posibilidad de la defensa de los territorios. La junta de conciliación agraria del gobierno del estado sigue siendo un aparato sin atribuciones y presupuesto para atender al sector”.
Ante esta intención del gobernador Salomón Jara, la organización opinó que se debe volver a fortalecer los mecanismos colectivos de toma de decisiones, los trabajos colectivos para el cuidado del territorio, la incorporación de mujeres y jóvenes en los espacios colectivos de participación, la formación política y la construcción de narrativas comunitarias.
“Porque el capital y sus operadores vendrán una y otra vez a donde hay un interés de comprar y vender, hasta el aire”, aseguró.
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