Ley de Ingresos de Jara amenaza propiedad social de la tierra en Oaxaca: Educa
Educa sostuvo que la Procuraduría Agraria en muchos casos ha omitido su vocación de asesoría y defensa de derechos de los sujetos agrarios y se ha convertido en aliado de empresas de todo tipo
Servicios para una Educación Alternativa (Educa) aseguró que el gobierno de Salomón Jara Cruz violenta “el marco de leyes en un sistema federal” con su Ley de Ingresos 2024 en la que busca la privatización de tierras comunales y ejidales de Oaxaca.
En su análisis del paquete fiscal para este año, aprobado por el Congreso local conformado en su mayoría por diputados del partido Morena, aseguró que el Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar, contemplado en el artículo 25 de la Ley de Ingresos de 2024, y que incorpora una serie de incentivos para que se regularice la tenencia de la tierra, es una réplica del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) del gobierno federal.
También desestimó el argumento del gobierno de Salomón Jara que consiste en el aumento de la recaudación al gobierno estatal y los municipios.
“Ni lo uno ni lo otro ha beneficiado a los y las cuidadoras de los territorios protegidos por la propiedad social. Los municipios en la mayoría de los casos no distribuyen a las agencias y localidades los recursos de los Ramos 28 y 33, se colocan además como uno de los ámbitos más opacos y con malas prácticas de rendición de cuentas a las y los habitantes”, afirmó.
La asociación civil recordó que este tipo de programas, como el Procede que inició con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, ha sido desastroso para los núcleos agrarios que aceptaron o fueron condicionados para ingresar a estos programas: mediciones irregulares, parcelas mal medidas, padrones de ejidatarios con irregularidades, conflictos con núcleos colindantes.
Y puntualizó que los beneficios o proyectos que se prometieron a los ejidos y comunidades nunca llegaron, y que aquellos que resistieron actualmente son llamados núcleos agrarios sin regularizar, lo cual es una medida discriminatoria que ha colocado en una serie de dificultades en lo cotidiano a ejidos y comunidades agrarias que tienen que hacer trámites engorrosos y costosos, y esperar más tiempo en la obtención de sus trámites.
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Educa sostuvo que la Procuraduría Agraria en muchos casos ha omitido su vocación de asesoría y defensa de los derechos de los sujetos agrarios como establece el artículo 135 de la Ley Agraria y se ha convertido en aliado de empresas de todo tipo.
“Por años se han desgastado las asambleas agrarias, se ha dejado de actualizar padrones de ejidatarios y comuneros. Disminuyendo la posibilidad de la defensa de los territorios. La junta de conciliación agraria del gobierno del estado sigue siendo un aparato sin atribuciones y presupuesto para atender al sector”.
Ante esta intención del gobernador Salomón Jara, la organización opinó que se debe volver a fortalecer los mecanismos colectivos de toma de decisiones, los trabajos colectivos para el cuidado del territorio, la incorporación de mujeres y jóvenes en los espacios colectivos de participación, la formación política y la construcción de narrativas comunitarias.
“Porque el capital y sus operadores vendrán una y otra vez a donde hay un interés de comprar y vender, hasta el aire”, aseguró.
