De acuerdo con Yulisa Andrés, esposa de uno de Hugo Alberto Martínez, durante el tiempo que duró su detención fueron privados de recibir agua y alimentos hasta la madrugada de hoy, en que fueron liberados a las 5:30 horas de la mañana, bajo amenazas y presiones para que firmen un acta donde reconozcan “su culpabilidad por faltarle al respeto a las órdenes de la autoridad”.
En dicho documento, además, se les pretende exigir el pago de una multa de hasta 5 mil pesos por cada uno, sin causa justificada, bajo la amenaza de volver a ser detenidos y castigados corporalmente durante otros tres días en caso de no pagar.
En un comunicado de prensa, organizaciones civiles, sociales y políticas de la región expusieron que el agente municipal, José Angel Martínez Vargas, ha ordenado a los topiles cerrar todos los caminos de la población.
"Esto para impedir el acceso de observadores de derechos humanos, periodistas, defensores, policía estatal, guardia nacional y ministerio público; es decir, se ha instalado un Estado de sitio en contra de la voluntad del resto de la población, lo que genera un ambiente de mayor crispación y riesgo de violencia", expusieron en el documento enviado a instancias federales y estatales.
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Y exigieron garantizar la inmediata reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas de estos hechos y se inicie procedimiento administrativo correspondiente para la revocación del mandato del agente municipal y todo su Cabildo, por el abuso de autoridad cometido y la violencia política contra la población.