Los desplazados del Cártel del despojo: arrancarse de Oaxaca tras revelar una red de corrupción

Oaxaca de Juárez.– Desde hace dos años, Caleb Gómez Conzzati y su familia dejaron suelo oaxaqueño y huyeron del estado ante la certeza de que no estaban seguros en su propia tierra. Caleb y sus dos hermanos son víctimas de despojo y supresión de identidad como resultado de lo que han denominado “una operación de Estado” para quitarles dos propiedades en el Centro Histórico de Oaxaca, en la que han participado un notario y funcionarios públicos.

Dicha operación ha sido denominada el Cártel del Despojo y existen evidencias que indican que uno de los principales involucrados es el notario 135, Jorge Merlo. Al respecto, EL UNIVERSAL dio a conocer que la Fiscalía General de Oaxaca encontró pruebas para llevarlo a juicio por los delitos de fraude maquinado, falsificación de documento y uso de documento falso; y que hay una segunda investigación en su contra por suplantación de identidad.

Pero desde que denunciaron, los hermanos viven escondidos y con miedo. y a su condición de despojados se les suma ahora la de víctimas de desplazamiento forzado. Es por esa razón que consideran que los avances reales en la investigación sólo se darán hasta que los responsables sean detenidos y ellos dejen de temer por su vida.

 

 

“Para una víctima, no habrá ningún avance hasta que se sienta protegida en su integridad y la de su familia, hasta que  se ejecuten estas órdenes de aprehensión que se anunciaron el 30 de agosto ante el Congreso por el entonces fiscal Arturo Peimbert”, dice convencido Caleb. 

“Avances se pueden dar, judicializaciones, pero para la víctima no significan nada si todos estos delincuentes están libres y somos nosotros los que sufrimos de desplazamiento forzado y vivimos con temor y escondidos”, señala en entrevista.

 

Supresión de identidad

 

En diciembre  de 2020, los hermanos Gómez Conzatti descubrieron que sus actas de nacimiento desaparecieron del Registro Civil de Oaxaca y fueron sustituidas por otras falsas con el apellido de López Martínez. Eso pasó justo al mismo tiempo que sus propiedades se esfumaron del Registro Público de la Propiedad, del Instituto Catastral del estado y del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. La familia  decidió hacer pública su denuncia, pero con ella llegó el miedo y la violencia, por lo que salieron de la entidad.

Para frenar el despojo, Caleb cuenta que junto con sus hermanos realizaron una investigación y acreditaron ante un juez que fueron borrados del Registro Civil y que sus propiedades desaparecieron. Fue así que obtuvieron medidas cautelares y la suspensión de los actos realizados por las dependencias.

En esta investigación descubrieron que estaban coludidos los titulares del Registro Civil, del municipio de Oaxaca de Juárez, del Instituto de la Función Catastral, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje e, incluso, de la Consejería Jurídica del gobierno del estado.

También encontraron que este tipo de despojos en el Centro Histórico se han documentado desde 2003 y se vinculan incluso a asesinatos. “Cuando ves este panorama, te das cuenta que el menor de tus problemas es el notario Jorge Merlo y que hay una estructura delincuencial para poder llevar a cabo esto. Que no iba ser tan fácil que nos permitieran revelar todo esto. La forma de protegernos fue salir a la luz pública, pero para luego escondernos”.

 

 

Amenazados

 

No se equivocaron en huir. Caleb narra que después de su denuncia comenzaron los actos de intimidación, pues enviaban vehículos con gente armada a su domicilio para preguntar por él y su familia, así como correspondencia intimidatoria dirigida contra todos, incluida su esposa. Se trata del mismo modus operandi denunciado por otras víctimas de despojo.

El 30 de agosto de 2022, el entonces fiscal Arturo Peimbert informó ante el Congreso de Oaxaca que existen mil 467 carpetas de investigación. Que estos despojos y homicidios están relacionados con una estructura criminal. E incluyó el asesinato del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Enrique Pacheco, quien fue atacado al salir de su hogar.

Entonces, el miedo de los Gómez Conzatti se disparó, pues una de las propiedades del magistrado asesinado colinda en más de 30 metros lineales con una de las que se les pretende despojar y de la que ahora el notario Jorge Merlo se ostenta como dueño. “Más señales no se puede. Hay que tener instinto de sobrevivencia”, apunta.

Para Caleb Gómez, no hay duda que las investigaciones en su caso han sido obstaculizadas en las diferentes etapas del proceso y desde las propias instituciones que dependen de la Consejería Jurídica, como el Instituto de la Función Registral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Registro Civil.

Advierte que por cada día que pasa sin ejecutarse las órdenes de aprehensión, su vida, la de su madre y la de sus hermanos corren peligro. “Y señalo como responsable a Jorge Merlo Gómez y los servidores públicos que están relacionados con él”, dice al tiempo que aclara que él y sus hermanos son hijos biológicos de Víctor Manuel Gómez Conzatti, lo que está acreditado en sus actas de nacimiento y en actos posteriores, como el testamento.

“Nosotros somos hijos biológicos de Víctor Manuel Gómez Conzatti y él nos reconoció como todo padre hace en el momento de nacimiento (...) negarlo es parte de la violación a nuestros derechos humanos”. 

Esto, dice, se lo explicaron en persona al exgobernador Alejandro Murat, a quien le informaron que ellos no tenían ningún problema de identidad, sino que era su gobierno, “con un severo problema de corrupción” y de violación a los derechos humanos, el que incurría en la desaparición de registros públicos, identidades y propiedades.

“La Secretaría de Seguridad Pública reconoció y comunicó al Presidente que esta mafia del Cártel del Despojo está relacionada con ejecuciones”, puntualiza. 

 

 

Al respecto, el notario número 135, Jorge Merlo Gómez, negó los señalamientos y en entrevista con EL UNIVERSAL se deslindó de las amenazas y hostigamiento contra la familia de los hermanos Gómez Conzatti. El fedatario sostuvo que no tiene nada que ver ni tiene conocimiento sobre esas amenazas, que obligaron a los hermanos Gómez Conzatti a un desplazamiento forzado; aseguró que se trata de una campaña de difamación en su contra.