Luz incosteable para riego por ley eléctrica agudiza abandono del campo en comunidades del Valle de Oaxaca
Campesinos acusan que el subsidio a la energía eléctrica, indispensable para el riego de cultivos y otras actividades del campo, les fue retirado sin previo aviso
En enero de 2022, los campesinos de San Jerónimo Tlacochahuaya se enteraron que el gobierno federal retiró, sin previo aviso, el subsidio a la energía eléctrica en sus unidades de riego, cuando recibieron un recibo de luz con aumentos de 300%, que en cuatro meses se convirtieron en 1000%.
Cuando acudieron a instancias del gobierno federal les explicaron que los lineamientos para tener derecho a este subsidio cambiaron a partir de las reformas a la Ley Eléctrica; el reclamo de los campesinos es que no se les informó de esta situación, pese a que en octubre de 2021 cumplieron con los trámites para seguir con el subsidio.
En abril pasado, los campesinos de Tlacochahuaya agotaron sus ahorros en el pago de la luz y poco a poco fueron abandonando sus tierras de cultivo.
A la fecha, entre 40% y 50% de los cultivos dedicados a la siembra de milpa, frijol, alfalfa, ajo, cebolla y flores, entre otros, están abandonados. EL UNIVERSAL constató que la tierra se ve seca por falta de riego.
El municipio está dividido en tres zonas de riego en la que existen sociedades que aglutinan en promedio a 50 campesinos, además de las zonas agrícolas en las que el sistema es de pozos noria y cuyo gasto corre a cargo de un solo campesino.
Por ejemplo, en una zona de cultivo con alrededor de 40 hectáreas en la que los campesinos están organizados en sociedad de riego, el costo de energía eléctrica pasó de 3 mil pesos mensuales a 29 mil. En cuatro meses, otras sociedades pagaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta 100 mil pesos.
“Jamás nos dijeron de estos nuevos lineamientos”, dice Rafael Pérez Cruz, regidor de Educación de San Jerónimo Tlacochahuaya, comunidad indígena zapoteca que se rige por Sistemas Normativos Indígenas.
Requisitos infinitos
Sin previo aviso, los nuevos requisitos para los campesinos considerados “persona física” son llenar un formato de solicitud del subsidio de energía para el campo, identificación oficial vigente, CURP, último recibo de luz, título de propiedad, escritura pública, certificado parcelario o certificado de derechos sobre tierra de uso común, constancia de posesión firmada por el comisariado ejidal o comunal.
Además de una factura o carta testimonial del equipo de bombeo en el que se compruebe la legal posesión, que se encuentra en buen estado y funcionando a 100% de su capacidad, que se encuentra alimentado por la corriente eléctrica y registrado por el productor, número de serie, caballos de fuerza y marca. Esta carta testimonial debe estar firmada por dos testigos y alguna autoridad de la localidad, certificando que la información presentada es verdadera.
También deben presentar el título de concesión vigente con registro público de derechos de agua o constancia de registro de obra de alumbramiento; un croquis de macro y micro localización donde se ubica el pozo de agua, con el nombre del paraje y localización del predio, y el registro en el padrón único de la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural (Sader) “que se puede tramitar al momento de presentarse en la ventanilla”.
Los requisitos obligan a los campesinos a registrarse en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo cual se ha convertido en un problema porque la mayoría de ellos son personas de la tercera edad que no saben usar el internet y que además deben hacer fila para obtener su RFC en una dependencia que no puede atenderlos hasta dentro de dos meses.
Mientras que en los requisitos no se aclara que para registrarse ante la Sader deben llevar las escrituras del terreno sobre el que siembran, pero que debe estar a su nombre. La mayoría de las tierras son herencias de sus abuelos y bisabuelos, que en el mejor de los casos, dejaron escritura a su nombre, y en el peor, murieron intestados.
“Mi hermano y yo tuvimos que iniciar un juicio testamentario ante un notario porque el terreno que nos dejó mi padre estaba a nombre de mi abuelo, y lo partimos en dos, la mitad para cada quien. Y ya gastamos 90 mil pesos cada uno, es decir, en total como 180 mil pesos. Y es un proceso que todavía no termina, puesto que en algunos casos se tarda hasta tres años”, explica Gerson Méndez Ángeles.
Otro requisito sin aclarar era que los campesinos que están organizados en sociedades de riego ahora deben constituirse en sociedades de producción rural; un trámite que deben realizar ante un notario público y que también requiere que cada uno de ellos esté registrado ante el SAT. Ese trámite cuesta alrededor de 30 mil pesos.
“[Desde] que nos quitaron el subsidio, ya no podemos trabajar. Si no trabajamos todo esto [tierra], no vamos a recibir más dinero y prácticamente estamos trabajando nada más para la Comisión Federal de Electricidad”, expresa Rafael Pérez.
El problema no sólo es para los campesinos de Tlacochahuaya, advirtió, sino que también ha provocado daños colaterales porque muchos habitantes de la sierra de Miahuatlán y de la sierra Mixe llegaban a sus campos para trabajar en la siembra, mantenimiento y cosecha de los cultivos. Y muchos de sus productos, como la alfalfa, se venden a comunidades aledañas dedicadas a la ganadería.
“El gobierno prometió que a los campesinos nos van a ayudar, no nos van a regalar, sino nos van ayudar a trabajar, pero que no nos quiten el subsidio, que nos presionen con muchos requisitos, son muchísimos requisitos que no podemos dar”, dice Manuel Guzmán Morales, campesino de 82 años y presidente de una sociedad de riego del pozo 5, que tiene más de 40 años de haberse creado.
De acuerdo con Manuel Guzmán, a esto se suma el aumento de un 300% en los fertilizantes y que ahora les hablan de requisitos que ni siquiera entienden, como el RFC.
El campesino Manuel Ángeles Sernas advierte que de enero a la fecha, en una zona de riego de 40 hectáreas, ya se dejó de sembrar en 20 hectáreas.
“Y estamos hablando sólo de esta zona. Allá atrás de ese cerrito, hay igual una zona de riego, pero con pozos noria, ahí regabas una hectárea, ahora riegas nada más la mitad por la cuestión del pago eléctrico. Son tres zonas de riego en Tlacochahuaya. En el resto de las zonas, está igual”.
En espera de respuestas
El problema, sentencia Manuel Ángeles, no es estar “lloriqueando y echarle la culpa a todo el mundo”, sino qué harán para resolverlo: “Estamos esperando cómo van a dar respuesta [el gobierno].
La presidenta municipal de San Jerónimo Tlacochahuaya, María Isabel Martínez Méndez, dice que los campesinos decidieron organizarse con la autoridad municipal porque por sí solos no estaban logrando ninguna solución, además del trato discriminatorio e inflexible de los funcionarios de las dependencias del gobierno federal.
Dada la cantidad de requisitos que ahora piden a los campesinos para ser beneficiarios del subsidio a la energía eléctrica para el campo, las dependencias directamente involucradas son la Sader, el SAT, la CFE, la Secretaría del Bienestar y la Comisión Nacional del Agua.
A esta lucha se sumaron campesinos de las comunidades de San Sebastián Abasolo, Rojas de Cuauhtémoc, Guelacé, Lachigoló, Santa Cruz Papalutla, San Juan Teitipac, San Sebastián Teitipac, San Juan Guelavía y Magdalena Teitipac.
Con esta organización, dice la edil, están en la capacidad de movilizar hasta 25 mil campesinos. En caso de que el gobierno federal no les devuelva el subsidio y dé una prórroga de dos años para cumplir con los nuevos lineamientos, iniciarán una protesta que incluye el bloqueo de la carretera 190.
Los campesinos entrevistados por EL UNIVERSAL coinciden en que si no hay una respuesta pronta, en los siguientes meses estará prácticamente colapsada la actividad agrícola en este municipio.
