Magistrados del nuevo Tribunal Administrativo de Oaxaca, vinculados con Cué, gabinete de Jara y Sección 22

A diferencia del tribunal anterior que contaba con 12 magistrados, el nuevo sólo tendrá siete, tres en la Sala Superior, quienes ostentarán el cargo por siete años, y cuatro en Salas Unitarias, quienes se desempeñarán por cinco años. 

Dejó el cargo para asumir la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, promovido por el mismo mandatario, y posteriormente se desempeñó como jefe de Asesores del Poder Ejecutivo y el 7 de enero del 2015 fue designado por el mismo gobernador como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, puesto en el que estuvo ocho años hasta enero pasado. Además, fue acusado por el Partido del Trabajo en 2016 de ser protector de Jorge “El Coco” Castillo, brazo financiero y para realizar presuntos actos de corrupción para Gabino Cué.

Por su parte, a Anneliese Danae Echeverría Clavel se le relaciona con el magisterio oaxaqueño, puesto que desde el anterior Comité Ejecutivo Seccional fue secretaria jurídica de la sección 22 del SNTE. Se retiró de dicho cargo en marzo pasado, cuando se inscribió para contender por un cargo en la Defensoría.

Para la representante de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yésica Sánchez Maya, la extinción del tribunal, luego de críticas del gobernador a los magistrados y asegurar que estaba al servicio del PRI, rompe la autonomía y avasalla al Poder Judicial.

“Me parece muy delicado, porque fue un día para otro, no puede crearse un órgano de esa manera. El Poder Ejecutivo y Legislativo avasallan de una manera autoritaria al Poder Judicial, violentando su autonomía”, dijo.

Aunque señaló que organizaciones sociales mantienen el interés en el combate a la corrupción, reprueban la forma en la que se generó de esa magnitud, sin los procesos debidos, pues pone en entredicho el tema democrático y la autonomía de las instituciones.

Respecto a los señalamientos que hiciera el gobernador respecto al desempeño de quienes hasta hace unos días integraban el Tribunal de Justicia Administrativa, en particular de ser partícipes de presuntos actos de coprrupción, Sánchez Maya indicó que antes de su destitución, debieron iniciarse los procedimientos correspondientes y liberar las plazas para que fueran ocupadas por personas con los perfiles idóneos.

Y destacó que hasta el momento se desconoce el perfil de cada uno de los magistrados designados, por lo que se ignora si tienen especialización para los cargos que ahora ostentan.

“La designación fue totalmente arbitraria, sin apegarse a procedimientos. Tuvieron que haberse cubierto los procedimientos correspondientes. Con ello se repite lo que hizo en su momento el exgobernador Alejandro Murat, designando a las y los magistrados a modo. ¿Cuál es la diferencia con el PRI?”, cuestionó.

Especialistas consultados por este medio, pero que pidieron no revelar su identidad por miedo a represalias, afirmaron que la forma en que el Congreso local concretó  la desaparición del tribunal  fue una “arbitrariedad con mucho cinismo”, ya que los mismos diputados que desaparecieron la institución crearon otra con casi las mismas funciones a la que sólo le cambiaron de nombre y de “cereza del pastel” convirtieron al tribunal en una agencia de colocaciones  donde pusieron a sus incondicionales. Todo en menos de un día.

“Se trata de algo que ya sabíamos, el Tribunal Administrativo, encargado de litigar asuntos económicos, como pagos, multas, infracciones, cuestiones económicas y monetarias siempre fue un asunto de quien estaba en el poder y lo usaba para validar cosas, siempre fue un tribunal a modo para el Ejecutivo, ahora sólo se confirmó su naturaleza de forma burda”, sostuvo una fuente especialista en derecho penal.