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Los observadores de la ONU recibieron denuncias que afirman que grupos de delincuentes, que son contratados por las empresas privadas que modernizan las vías del ferrocarril Transístmico, agreden y amenazan a los campesinos que se oponen al ingreso de sus parcelas, sin permisos, de las brigadas de técnicos de esas compañías.
Mediante un comunicado, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) explicó que en sus encuentros con los campesinos de diferentes ejidos del municipio de San Juan Guichicovi, los integrantes de la misión de la ONU conocieron violaciones al derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada que le asiste a esos pueblos.
Por su parte comuneros de Santa Cruz Tagolaba, del municipio de Tehuantepec, expusieron las “constantes agresiones que han sufrido de manos de una partida de pistoleros”, mientras que ejidatarios de Estación Sarabia denunciaron la creciente e intimidante presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).
De igual forma, familias completas de las comunidades de la zona norte, donde se moderniza la carretera Transístmica 185, se quejaron porque el personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) criminaliza la protesta ante los daños que sufren sus viviendas y terrenos, por la invasión de la maquinaria pesada. “Nos denuncian penalmente”, dijeron.
