Rosaura Contreras Lucas fue despedida de manera injustificada de la Policía Estatal de Oaxaca tras denunciar, ante la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHPO) y promover un amparo en el Poder Judicial de la Federación, actos de discriminación, abuso, acoso laboral, violencia en razón de género, negarse a realizar actos de corrupción y sufrir un cambio de adscripción como represalia.
Su despido ocurrió pese a que la DDHPO solicitó colaboración a la Secretaría para que se tomen las medidas inmediatas para protegerla en su lugar de trabajo, no tomar represalias en su contra y abstenerse de causarle cualquier acto de molestia.
La violencia ejercida en su contra empezó desde que ingresó a trabajar en la corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) del gobierno del estado.
Su historia en la Policía Estatal se remonta al año 2020. El 11 de abril de ese año, su esposo Rogaciano Vásquez Orozco, quien era policía estatal, fue asesinado en el cumplimiento de su deber durante una persecución en el asalto a una gasolinera en San Jacinto Amilpas, un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, y donde también murió su compañero.
Esa noche, arribaron a su domicilio el entonces comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago José, el coordinador de Desarrollo de Personal, Heliodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre, y el jefe de departamento de personal, Enrique Eduardo Ruiz Estudillo, quienes le ofrecieron la cantidad de 13 mil pesos en calidad de préstamo para los gastos funerarios de su esposo, particularmente para el alquiler de sillas, lonas y comida, entre otras cosas que requiriera para el sepelio; y le aseguraron que la Secretaría se haría cargo de los gastos funerarios consistentes en el traslado del cadáver, ataúd y pago de panteón. Ella tendría que pagar los 13 mil pesos una vez que recibiera el pago del seguro de su esposo.
“En ese momento y ante el dolor no quise recibir el dinero, pues temía que después no los pudiera pagar, pero ante la insistencia y el hecho de que me decían que lo pagaría hasta que recibiera el pago del seguro, fue que los acepté y mi hicieron firmar un documento que decía que recibía la cantidad de 13 mil pesos y que me comprometía a reembolsar al momento de recibir el seguro de pago de Marcha”.
A finales de abril de 2020, el comisionado Francisco Santiago fue a su casa nuevamente y le ofreció cubrir la plaza de su esposo porque conocía su situación y que su pareja era la encargada de los gastos del hogar. De esta manera es que ella ingresa el 1 de junio de 2020 a trabajar como Policía Estatal en el área médica por su perfil de auxiliar de Enfermería, y sus funciones eran dar atención pre hospitalarias a los policías, curaciones, suturas, toma de signos vitales y limpiar el consultorio, el baño y el interior de la ambulancia, entre otras, y estaba bajo las órdenes directas del Comisionado de la Policía Estatal, del Jefe del Estado Mayor, del Sector Plaza y encargado del área.
Cuando todavía no recibía su primera quincena, Heliodoro Carlos Antonio – coordinador de Desarrollo de Personal – le exigió el pago de 50 mil pesos por los gastos que había realizado la Secretaría de Seguridad Pública en el funeral de su esposo.
“Yo le respondí que desconocía de ese pago, que a mí me habían dicho que sólo tenía que reponer los 13 mil pesos y que de los gastos funerarios se haría cargo la Secretaría. Él me respondió que no era así, que se me había explicado cómo era el gasto, yo le respondí que nunca me habían dicho nada. Ahí empezó mi sufrimiento, puesto que me pedían muchos documentos y me hacían largas para realizar el pago del seguro de vida de mi esposo, así como las demás prestaciones a que tenía derecho”, recuerda.
Por esta situación, fue detenida por dos policías estatales por órdenes del Comisionado de la Policía Estatal, quienes la llevaron a la oficina de Desarrollo de Personal y ante el Director Jurídico le exigieron una fecha exacta de cuándo pagaría esos 50 mil pesos que supuestamente adeuda; le dijeron que tenía que ser a través de una transferencia.
Al negarse a pagar, el trato hacia su persona y trabajo comenzó a cambiar. En represalia la enviaron de comisión en enero de 2021 a la región Triqui como personal de enfermería.
“En ese momento estaba la pandemia del Covid-19 y a mí me mandaron sin equipo de protección, sin uniforme, sin identificación y sin el oficio respectivo, sólo fue una orden verbal; pero ante la necesidad del trabajo, accedí a la orden. Ahí sufrí la retención por parte de la población de Tierra Blanca por inconformidad de la comunidad ante la falta de seguridad, sin que yo me pudiera identificar puesto que me habían mandado sin ningún documento, situación que soporté debido a que yo soy el único sustento de mi familia”.
El 20 de marzo de 2021 inició un paro de labores en la Policía Estatal en la que los elementos lograron un incremento en la ayuda de alimentación, el pago en tiempo y forma de los viáticos, el aumento en el seguro de vida, y la renuncia del comisionado Francisco Santiago José. Este mismo año, Rosaura recibe el pago del seguro de vida de su esposo y prestaciones, y su trabajo vuelve a la normalidad hasta mediados de 2024.
Rosaura se reincorporó el 25 de junio de 2024 al área médica de la Policía Estatal, pero descubrió que sus nuevos compañeros, una de ellas paramédico y el otro técnico en Enfermería, expedían recetas médicas con la cédula del encargado del área, Victoriano Ruiz Ruiz, quien es odontólogo. Entonces decidió informar a sus superiores, sin embargo, no ocurrió nada y en cambio sufrió represalias y hostigamiento laboral.
“En el mes de marzo de 2025 se realizó una reunión y Victoriano Ruiz manifestó que él ya no quiere trabajar con mujeres, que en su turno asignen puros hombres, ya que las mujeres son un estorbo que ningún paciente pueden cargar y son muy chismosas, refiriéndose a mi persona. El encargado del área médica, Julio César Pacheco, le cumple a Victoriano lo solicitado y a las dos mujeres nos deja en un mismo turno”, relata.
También sufrió represalias cuando se negó a certificar a un detenido, algo para lo cual no está facultada porque no es médico; fue acusada de desobedecer órdenes porque en varias ocasiones se negó a emitir certificados médicos.
Después se enteró que el comisionado Francisco Santiago García (hijo del ex comisionado Francisco Santiago José) fue informado de que me negaba a firmar y expedir certificados médicos y el comisionado manifestó: “ahora sí ya se chingó, pinche vieja argüendera, piensa que puede hacer lo mismo que cuando estuvo con mi papá, ahora si se van a chingar todos los que estuvieron en ese movimiento (del paro de labores de 2020), me toca tomar venganza…”.
El 2 de julio de 2025, Rosaura fue cesada de su servicio en el área médica y la asignaron al área de guarda en prevención con un horario de 24 por 24 horas de servicio.
Ante ello, presentó su queja ante la DDHPO y promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación; y recibió medidas de protección del organismo de derechos humanos. En respuesta, fue despedida el pasado 23 de julio de 2025.