La abogade Candelaria Castellanos Alvarado denunció que la negligencia administrativa en el Registro Civil de Oaxaca vulnera el derecho a la identidad y pone en riesgo la vida y la salud de las personas trans y no binarias en el estado.
De acuerdo con la activista, existen graves omisiones, errores técnicos y desconocimiento institucional en la ejecución y el procedimiento del trámite administrativo de Reconocimiento de Identidad de Género en el estado de Oaxaca.
El derecho al reconocimiento de identidad de género por la vía administrativa en el estado de Oaxaca, recordó, se logró en agosto de 2019, cuando el Congreso de Oaxaca aprobó reformas al Código Civil local, convirtiéndose además en la primera entidad del país en permitirlo también para niñas, niños y adolescentes, dejando atrás los procesos judiciales.
Sin embargo, dijo que recientemente brindó acompañamiento jurídico y personal a diferentes procesos que siguen en una situación similar o igual a la del defensor de derechos humanos y cofundador del proyecto comunitario de la Comedora Comunitaria Nkä'äymyujkëmë - Comamos TodXs, Xontäkpë Fila Aldaz Diciderio, a quien se le negó el suministro del antirretroviral por una “discrepencia” en sus documentos de identidad, es decir, en su procedimiento de rectificación de acta por identidad de género.
“Lo que por ley debe ser un trámite administrativo ágil, confidencial y garantista (… ) se convirtió en una cadena de negligencias institucionales derivadas de la falta de capacitación del funcionariado público, la omisión en la remisión oportuna de expedientes y errores en el procesamiento y vinculación registral, incluyendo la correcta reserva del acta primigenia y la asociación de la CURP ante el Registro Nacional de Población (Renapo)”.
Desde el pasado 17 de junio, explicó, Xontäkpë Fila presentó y ratificó en tiempo y forma la solicitud de levantamiento para su nueva acta de nacimiento lo que le asegura que pueda vivir con dignidad, sin ser invisibilizada ni violentada, y con acceso a la protección de sus demás derechos. Pero el trámite lleva a un retraso administrativo de cinco meses sin lograr hasta este momento la obtención de la conclusión satisfactoria del derecho a la identidad.
“Estas fallas burocráticas no son simples errores de trámite: tienen consecuencias materiales que atentan directamente contra la integridad física y la vida. Debido a las inconsistencias y bloqueos documentales generados por la propia autoridad registral, a la persona a quien acompañé, quien es sobreviviente de VIH, se le negó el acceso oportuno a servicios médicos y al suministro de sus medicamentos antirretrovirales. Es inaceptable que la ignorancia normativa y la desidia operativa del Estado provoquen un efecto dominó de violaciones a derechos humanos”, aseguró.
Además, dijo que el desconocimiento de los procedimientos por parte de las personas servidoras públicas no es excusa.
"El Estado tiene la obligación de capacitar a su personal y garantizar trámites ágiles, especialmente en temas de identidad de género o rectificación de actas”.
Al existir una inconsistencia o retraso en los documentos de identidad por culpa del Registro Civil, añadió, coloca a la persona en un estado de indefensión jurídica. Y sostuvo que este obstáculo burocrático se convierte en discriminación institucional por razón de género, pues le impide ejercer derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población.
“La negativa de CAPASITS a entregar antirretrovirales basándose en un error administrativo ajeno a la persona constituye una violación directa al principio pro persona. Las instituciones de salud deben priorizar la vida y la integridad física por encima de los formalismos administrativos, más aún cuando el paciente ya forma parte del padrón o requiere continuidad en su tratamiento”, recalcó.
La abogade dijo que tratándose de una persona que vive con VIH, la interrupción del tratamiento antirretroviral (TAR) no es un simple inconveniente; genera resistencia viral, deterioro inmunológico grave, infecciones oportunistas y un riesgo real en la vida de la persona. Por tanto, el error administrativo escala a una violación al derecho a la salud (artículo 4º constitucional) y a la vida.
Por ello, exigió al Registro Civil de Oaxaca la subsanación inmediata, gratuita y de oficio del error administrativo y que se realice de manera urgente y sin costo alguno la corrección, rectificación o emisión del acta y la vinculación y/o socialización correcta de la CURP, y al Capasits de los Servicios de Salud, la entrega inmediata e ininterrumpida del Tratamiento Antirretroviral (TAR), entre otras demandas.