El 70% de las personas indígenas recluidas o privadas de la libertad en un centro penitenciario de Oaxaca no tuvieron acceso a un traductor e intérprete de lenguas indígenas, y poco más del 50% está preso sin sentencia.
Eduardo Marguth, coordinador de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales, precisó que actualmente en las cárceles del estado hay alrededor de mil 200 personas indígenas; entre las cuales, dijo, siete de cada 10 enfrentaron un proceso judicial injusto porque no contaron con un traductor que les ayude a enfrentar los cargos.
Mientras que aproximadamente del total, continúa en prisión sin una sentencia, es decir, sin determinarse si son o no culpables del delito o delitos que se le imputan.
Lo anterior, explicó, implica que al momento de su vinculación a proceso la gran mayoría de ellos desconocían cuál fue el motivo de su detención y, en la actualidad, también desconocen el contenido de su expediente y sus derechos.
Además, señaló que la falta de un traductor o intérprete ha provocado la dilación de sus procesos judiciales y es una de las causas por las que continúan privados de su libertad en las cárceles de Oaxaca sin una sentencia.
También, aseguró, las personas indígenas recluidas en los penales del estado son víctimas de manipulación por jueces y ministerios públicos que los obligan a someterse al procedimiento abreviado para llegar a un acuerdo con las supuestas víctimas y, para ello, le dicen que debe aceptar su culpabilidad.
“Les dicen que es difícil conseguir un traductor, y por eso los manipulan para que acepten un procedimiento abreviado y paguen por un delito que no se sabe si cometieron o no. Tratan a las personas indígenas como si tuvieran retraso mental, tratan de manipularlos para que acepten el sistema abreviado”, detalló Eduardo Marguth.
El especialista señaló que la falta de traductores e intérpretes es porque el Estado o las autoridades responsables nunca tienen recursos económicos para pagar los servicios, y cuando tienen, únicamente pagan 500 pesos por día y no pagan viáticos, ni alimentación, y para pagar se tardan hasta tres meses.
Esto, dijo, es un trato indigno y racista para los traductores e intérpretes, quienes muchas veces se niegan por esto, a prestar el servicio.