La Coparmex Oaxaca advirtió que la nueva Ley de Expropiación, aprobada en el Congreso del estado, genera incertidumbre jurídica y llamó a las autoridades locales y legisladores para abordar este tema con responsabilidad institucional.
Mediante un comunicado, expresó que es indispensable que toda reforma legal que impacte el patrimonio de las personas, la inversión y la actividad económica se construya con plena transparencia, argumentos claros y certidumbre jurídica para la ciudadanía.
Hace dos semanas, el Congreso del estado aprobó una nueva Ley de Expropiación que buscaba sustituir la norma vigente desde 1950 e incorporó estándares más modernos en materia de derechos humanos y procedimientos para la declaratoria de utilidad pública. Sin embargo, tras su aprobación, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que esta ley no sería publicada, por lo que continuará vigente el marco legal anterior.
“Desde Coparmex Oaxaca observamos que esta decisión (del gobernador de Oaxaca) refleja la necesidad de revisar con mayor profundidad el alcance, la comunicación pública y la implementación de reformas que tocan temas sensibles como la propiedad, el patrimonio familiar, el uso del suelo y la seguridad jurídica”.
El grupo empresarial señaló que cuando una disposición genera preocupación social, dudas sobre su aplicación o percepciones de arbitrariedad, el debate público debe orientarse a explicar con claridad, escuchar a todos los sectores y evitar que la desinformación alimente la desconfianza.
La nueva Ley de Expropiación provocó algunas críticas o temores por la capacidad discrecional del gobernador para expropiar propiedades privadas a su discreción. Algunos abogados, incluso, sugirieron no rentar edificios o predios al Gobierno de Oaxaca, porque en cualquier momento podría decretar la expropiación de esa propiedad y otorgar un mínimo de pago por esa propiedad, según el valor catastral.
De acuerdo con la Coparmex, la iniciativa incorporaba elementos relevantes, como la separación entre el Decreto de Utilidad Pública y el Decreto de Afectación, así como mecanismos alternativos para la resolución de controversias y criterios más objetivos para la determinación de avalúos.
No obstante, puntualizó que también es evidente que en materias de esta naturaleza no basta con modernizar la norma, sino que es indispensable garantizar que su aplicación no deje espacio a interpretaciones discrecionales ni a temores legítimos sobre posibles abusos.
"Para el sector productivo, la certeza jurídica es una condición básica para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo. Por ello, toda reforma relacionada con la expropiación y la utilidad pública debe surgir de un proceso de diálogo abierto, información suficiente y reglas claramente entendibles para la población”.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales y al Congreso local para que este tema sea abordado con responsabilidad institucional, apertura al diálogo y visión de Estado, privilegiando siempre la protección de los derechos de las personas y la confianza en las instituciones.
“La modernización legal sólo tendrá legitimidad si va acompañada de transparencia, participación ciudadana y seguridad jurídica”, sentenció.
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