En el año 2023, Cristino Castro Perea fue incorporado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que se garantizara su labor de defensor de la tierra y el territorio, su protección y auxilio por encontrarse en una situación de riesgo.
El objetivo de esta violencia, según el activista, es modificar patrones, dinámicas y comportamientos sociales para imponer ciertos intereses en los territorios donde se genera.
“No muchas veces detrás de la condena de estos hechos, se menciona que pasa un gasoducto por esa zona, que una mina tiene cierta actividad en ese territorio, o que hay el interés de generar una cierta rentabilidad económica de la extracción ilegal de la madera”.
Es decir, la violencia en las zonas del país donde se imponen megaproyectos o la extracción de recursos minerales por empresas mineras, no pone en riesgo ni al sistema político ni al económico; al contrario, explicó, es funcional a los intereses políticos y económicos.
Las mayores víctimas de estas agresiones, algunas de ellas fatales, son personas que integran las comunidades indígenas que defienden su territorio y el medio ambiente, así como personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Mientras que los principales agresores son el Gobierno, principalmente a través de corporaciones de seguridad pública como la Guardia Nacional, policías federales, estatales y municipales; y las empresas privadas, que en muchas ocasiones pactan con grupos criminales o de la delincuencia organizada.
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