Oaxaca es el cuarto estado el país con más quejas contra Sedena y Guardia Nacional, según ONGs
La militarización no ha significado una disminución de violencia, por lo contrario, datos de la fiscalía de Oaxaca indican que en enero de 2023, se iniciaron 74 carpetas de investigación por homicidio doloso de hombres
Oaxaca ocupa el cuarto lugar de las entidades del país con mayor número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas, según el informe “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación”.
El documento precisa que las quejas son principalmente contra la Guardia Nacional y contra miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un periodo de tres años. En el 2020 se presentaron 19 quejas, 25 en 2021 y 33 en 2022.
“Algunos ejemplos del incremento de violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas se han dado en 2023 en la región del Istmo de Tehuantepec donde ha incrementado el hostigamiento, ataques y criminalización contra comunidades defensoras del territorio en resistencia contra la imposición del Corredor Transístmico”, apunta.
Otro ejemplo, de acuerdo con el reporte de cinco asociaciones civiles de Oaxaca, es un caso de “escolta ilegal” de migrantes donde nuevamente son señaladas las fuerzas armadas.
En el informe también se sostiene que la militarización no ha significado una disminución de la violencia, por lo contrario, datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, indican que en enero de 2023, se iniciaron 74 carpetas de investigación por homicidio doloso de hombres; en el mismo mes en años anteriores se abrieron 50 en 2022 y 59 en 2021.
A esto se suma, advierte, el incremento de la presencia de grupos delincuenciales ligados a carteles que potencian la inseguridad y la violencia extrema.
“De ahí que la paz es solo una narrativa gubernamental y parte de la simulación. En Oaxaca se han creado programas fachada que buscan incidir en el imaginario social y disfrazar la política militarista y represiva”, asegura.
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Durante el primer semestre de 2023, señala que se registró un fuerte incremento de la criminalización de la protesta social con al menos seis hechos de represión documentados en el centro del estado y en la región del Istmo de Tehuantepec.
“Se usó la fuerza pública para el desalojo violento antes que el diálogo, en dos de los hechos se documentó la participación de las fuerzas armadas”, menciona.
Además, puntualiza que la presencia militar en las comunidades indígenas constituye una abierta provocación al principio de libre determinación y autonomía de estas comunidades en donde los topiles brindan seguridad comunitaria.
“Más grave aún es el intento del Estado de apropiarse de esta figura comunitaria para legitimar políticas represivas como a través del programa de Topiles por la Paz”, se sostiene en el informe
