Otro ejemplo, de acuerdo con el reporte de cinco asociaciones civiles de Oaxaca, es un caso de “escolta ilegal” de migrantes donde nuevamente son señaladas las fuerzas armadas.
A esto se suma, advierte, el incremento de la presencia de grupos delincuenciales ligados a carteles que potencian la inseguridad y la violencia extrema.
“De ahí que la paz es solo una narrativa gubernamental y parte de la simulación. En Oaxaca se han creado programas fachada que buscan incidir en el imaginario social y disfrazar la política militarista y represiva”, asegura.
Durante el primer semestre de 2023, señala que se registró un fuerte incremento de la criminalización de la protesta social con al menos seis hechos de represión documentados en el centro del estado y en la región del Istmo de Tehuantepec.
“Se usó la fuerza pública para el desalojo violento antes que el diálogo, en dos de los hechos se documentó la participación de las fuerzas armadas”, menciona.
Además, puntualiza que la presencia militar en las comunidades indígenas constituye una abierta provocación al principio de libre determinación y autonomía de estas comunidades en donde los topiles brindan seguridad comunitaria.
“Más grave aún es el intento del Estado de apropiarse de esta figura comunitaria para legitimar políticas represivas como a través del programa de Topiles por la Paz”, se sostiene en el informe
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