Obligan a trabajar sin remuneración a mujeres privadas de su libertad en Tanivet, Oaxaca: CNDH
La CNDH encontró que las mujeres internadas en este centro también son obligadas a trabajar sin remuneración, a pesar de que su edad y condición de salud no son óptimas para ello
Oaxaca de Juárez.- Las autoridades del Centro Penitenciario Femenil de Tanivet obligan a las mujeres privadas de su libertad a realizar trabajo no remunerado, e incluso a aquellas que viven con sus hijos o hijas al interior del penal, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En una visita de supervisión realizada en octubre de 2021, la CNDH encontró que las mujeres internadas en este centro también son obligadas a trabajar sin remuneración, a pesar de que su edad y condición de salud no son óptimas para ello.
El 14 de diciembre pasado, personal de la CNDH se presentó de nueva cuenta en las instalaciones del Centro Penitenciario, donde diversas mujeres privadas de la libertad en ese sitio manifestaron que en octubre de 2021, con motivo de las entrevistas que proporcionaron a servidores públicos de esta institución, el personal penitenciario llevó a cabo diversas represalias en su contra.
Y también se corroboró que el trabajo no remunerado continúa llevándose a cabo, sin omitir mencionar que algunas madres, quienes viven con sus menores, señalaron que ellos no se encuentran inscritos en el Registro Civil de la entidad federativa.
La CNDH aseguró que el Director del Centro Penitenciario Femenil de Tanivet confirmó que los menores que viven con sus madres privadas de la libertad no han sido registrados oficialmente ante el Registro Civil de Oaxaca y proporcionó un listado de seis menores no registrados.
El funcionario argumentó que se había elaborado un oficio de petición al Registro Civil para tales efectos, documento que enviaría posteriormente. El 16 de ese mes y año, se le requirió nuevamente dicho oficio, pero sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.
Por esa razón, el organismo solicitó con carácter de urgente, al director general de Reinserción Social del estado de Oaxaca, José Javier Mendoza Balderas, se implementen las medidas precautorias o cautelares necesarias a fin de preservar el derecho humano a la dignidad humana e integridad física de la población penitenciaria del penal femenil de Tanivet y en cumplimiento al mandato constitucional, no se tomen represalias en su contra por haber declarado la situación en que viven.
En las medidas cautelares también exigió que se suspenda de inmediato la práctica de trabajo no remunerado y se efectúen a la brevedad actividades de trabajo y de capacitación para el mismo, con estricto apego al cumplimiento de los ejes de reinserción social y el derecho al trabajo digno.
De la misma manera, que se lleven a cabo inmediatamente las acciones necesarias, incluidas las de coordinación y gestión con el Registro Civil que corresponda, para el registro de nacimiento de los y las menores de edad que no cuenten con este y que viven con sus madres al interior de ese Centro Femenil.
La CNDH demandó que se continúe respetando su derecho a la libre manifestación; se garantice en todo momento la integridad psicofísica de la población penitenciaria y de los y las menores que ahí viven, y cesen de inmediato los actos de malos tratos cometidos en su contra.
Finalmente, que en caso de que alguna de ellas requiera atención médica, esta se proporcione de manera inmediata e integral; que todas las acciones que se adopten estén apegadas a los más altos estándares en materia de Derechos Humanos, y en estricto respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad y del personal que ahí labora.
La CNDH dio un plazo de 24 horas a Reinserción Social de Oaxaca, dada la gravedad de los hechos, para notificar a esta Comisión Nacional sobre la aceptación de las medidas cautelares y 24 horas para enviar un informe relacionado con los hechos referidos.
También advirtió que dará seguimiento puntual a la situación de las personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Oaxaca, “a fin de proteger sus derechos a la integridad y a una calidad de vida en reclusión”.
