Organizaciones que integran la Plataforma de Derechos Humanos denunciaron que la omisión de diversas autoridades estatales y federales puso riesgo la vida e integridad de personas defensoras durante una diligencia en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, Oaxaca, y la cual tenía el propósito del desahogo de una prueba pericial.
Los organismos civiles condenaron el “lamentable desempeño” de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado.
Mediante un comunicado, explicaron que las familias y comuneras de Rancho Ardilla y Rancho Minas de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, han sufrido una serie de amenazas, hostigamientos, agresiones, incluida la sexual, y encarcelamientos arbitrarios por parte de autoridades municipales y agrarias de Tamazulapam del Espíritu Santo, así como de sus agencias de Tierra Blanca y Linda Vista.
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Lo anterior, con el objeto de despojar de sus tierras y pertenencias “de manera arbitraria, violando sus derechos humanos”.
Esto, apuntaron, es del conocimiento pleno de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), bajo el expediente: DDHPO/0310/ (14) /OAX/2024, donde incluso existen medidas cautelares emitidas que no fueron atendidas puntualmente.
Durante la diligencia, detallaron, se apersonaron las víctimas, el perito oficial del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, así como varias personas defensoras de derechos humanos.
Al llegar y a pesar de que el perito se identificó formalmente y explicó los detalles de los trabajos a realizar por instrucciones del mencionado Juzgado, y en el momento en que iba a iniciar su cometido, las autoridades municipales de Tamazulapam del Espíritu Santo, las autoridades agrarias, los topiles y la policía municipal, impidieron al perito, desarrollar sus actividades, de una manera amenazante y agresiva.
“No bastaron los argumentos ni explicaciones que se dieron sobre el trabajo de carácter técnico e incluso se les mostró el acuerdo donde se establece que él es el perito oficial del Juzgado Décimo de Distrito, encargado de desahogar la prueba pericial en agrimensura. Aun así argumentaron que ya eran sus terrenos y los obligaron a salir del lugar, escoltados por topiles”.
Las organizaciones expresaron que les preocupa la falta de acciones eficaces para garantizar la seguridad y la integridad de las víctimas y personas defensoras de derechos humanos, sobre todo “ante el riesgo que era inminente por los antecedentes de las agresiones y el abuso de autoridad con el que han venido actuando las autoridades y la población de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, quienes en franco reto a la observancia y protección de los derechos humanos, el día de hoy han impedido y obstaculizado el trabajo del perito oficial designado por la autoridad federal”.
De igual manera, lamentaron la respuesta de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a la solicitud de intervención y acompañamiento aduciendo que dicha diligencia atañe al ejercicio de procuración de justicia.
“Con esta interpretación limitada y sin perspectiva de derechos humanos omite su responsabilidad con la medida precautoria que tiene la compañera Laura Cleotilde Morales Juárez y contribuye a que las autoridades violenten e impidan la labor de las personas defensoras, escudándose en la formalidad para justificar la inacción que se traduce en complicidad, cuando su deber es brindar el acompañamiento ante posibles violaciones a los derechos humanos de esta persona”.
Finalmente, hicieron un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que asuma con mayor responsabilidad su deber de protección en tiempo y forma de quienes son beneficiarias de las medidas de protección como lo es Laura Cleotilde Morales Juárez, ya que quedó evidenciada su lentitud e inacción.
También hicieron responsable a la Defensoría de los Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de poner en riesgo la integridad y seguridad de las víctimas y personas defensoras, producto de su actuación omisa e indolente. Así como a la Secretaría de Seguridad Pública “quién a pesar de tener conocimiento de la solicitud de protección, no hizo acto de presencia”.
“Exigimos a la Secretaria de Gobierno del Estado de Oaxaca y a la Secretaria de Seguridad Pública a que su actuación sea más diligente y eficiente, pues de ello depende que las autoridades garanticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos y los derechos de las víctimas”.