Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca denunciaron que el dictamen de la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum excluye los derechos de agua de las comunidades y pueblos indígenas.
Puntualizaron que además establece la privatización de obras hidráulicas y la discrecionalidad en el cobro de derechos a los grandes concesionarios.
Mediante un comunicado, las asociaciones oaxaqueñas que forman parte de la “Contraloría Nacional Autónoma del Agua y Agua para Todxs Agua para la Vida” aseguraron que el proyecto legislativo de Claudia Sheinbaum, y que se ha presentado a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no integra las propuestas generadas en los Parlamentos Abiertos y las Audiencias Públicas.
Lo anterior, señalaron, es “inaceptable y en contra de la participación ciudadana y la transparencia”.
De la misma forma, alertaron el intento del gobierno de la “Cuarta Transformación” de perpetuar la ley salinista (del expresidente Carlos Salinas de Gortari), con cambios mínimos, cuando constitucionalmente la Ley de Aguas Nacionales tendría que haber sido reemplazada con una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable a través de una verdadera participación ciudadana y gubernamental.
Las organizaciones explicaron que el dictamen incluye un capítulo dedicado a "promover y fomentar" la privatización de obras hidráulicas, de sistemas de agua y saneamiento, a pesar de las desastrosas experiencias al respecto en todo el país.
Además, permite la discrecionalidad en el cobro de derechos a los grandes concesionarios industriales y de servicios, quienes actualmente solo están pagando derechos sobre el 20% de los volúmenes concesionados.
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Y mantiene los Consejos de Cuenca, donde solo están representados los grandes concesionarios, como única instancia de coordinación gobierno-ciudadanía.
A esto se suma, señalaron, que excluye el reconocimiento de los derechos al agua de las comunidades y pueblos indígenas, así como cualquier medida para corregir el “sobreconcesionamiento”, o para prevenir la contaminación de acuíferos kársticos o la destrucción de acuíferos por el fracking.
“Seguiremos buscando que el poder Legislativo defienda la Constitución, a la vez que nos construyamos como un contrapeso frente a la violación sistemática de derechos por parte de la Conagua, a través de actos y omisiones ampliamente documentados en los Parlamentos Abiertos y Audiencias Públicas”.