Organizaciones aseguran que no ha sido eficaz respuesta del gobierno de Oaxaca ante incendios
La Plataforma agregó que desde hace algunos meses han visto con preocupación el aumento de superficies afectadas por incendios forestales en el Estado de Oaxaca
Oaxaca de Juárez.– La Plataforma de Derechos Humanos, conformada por 19 organizaciones civiles, aseguró que la respuesta de las autoridades estatales y federales no ha sido ni inmediata, ni eficaz, ni eficiente, ante los incendios forestales que se han registrado en diferentes comunidades de Oaxaca.
Esto, sostuvo, es evidente cuando se observa que responden a los llamados casi una semana después de que los incendios han acabado con los bosques y reservas naturales, como ocurrió en el reciente caso en la comunidad de Mitla en la región de los Valles Centrales.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida, al agua y una atención diligente a los incendios.
“Este año hemos visto un fuerte incremento en el número de incendios, nos preocupa la falta de observancia del principio de la debida diligencia para la atención de los incendios, vulnerando el derecho de las personas a vivir y disfrutar de un medio ambiente sano, así como el derecho a la salud, a la vida, al agua y otros derechos fundamentales”.
La Plataforma agregó que desde hace algunos meses han visto con preocupación el aumento de superficies afectadas por incendios forestales en el Estado de Oaxaca, y que estadísticamente aún no existen datos precisos en las páginas oficiales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) o en la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) que den cuenta a la fecha del número de incendios que se han presentado en el presente año, y menos aún la superficie afectada.
“Con ello se vulnera el derecho a la información. Sin embargo, son las propias comunidades y los medios de comunicación quienes han dado a conocer estos siniestros”.
Entre las comunidades afectadas por los incendios forestales mencionaron a Villa Díaz Ordaz, San Pablo Villa de Mitla y San Miguel del Valle, así como otras comunidades de la Sierra Sur, Istmo y Sierra Juárez, en donde la mayoría de sus bosques y reservas naturales han sido consumidas por el fuego.
“De acuerdo con pobladores, sabemos que, a pesar de que las autoridades agrarias se han organizado con sus comuneros para combatir de manera inmediata los siniestros, éstos se han visto rebasados por su magnitud, por lo que las autoridades comunitarias han solicitado el apoyo de las instituciones estatales y federales para conjuntar esfuerzos y poder sofocar los siniestros”.
En un comunicado resaltó que a la fecha los incendios han provocado la pérdida de seis vidas humanas como es el caso de San Lucas Quaviní, y recientemente en San Pedro Cafetitlán, Pochutla.
Así como el desalojo de cientos de personas adultos mayores, mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes quienes abandonaron sus viviendas en la comunidad de EL Chilar, Candelaria Loxicha, luego de que incendio forestal que lleva más de una semana, ha salido de control pone en peligro a pobladores.
Para La Plataforma de Derechos Humanos, la tardía respuesta del gobierno estatal y federal pone en evidencia no sólo una falta de capacidad, sino además una falta de perspectiva para entender como la devastación de la flora y fauna impacta de manera significativa en el disfrute de los derechos humanos de todas las personas.
“Quienes tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, adecuado para nuestro desarrollo y bienestar como lo marca el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que todas las autoridades por mandato constitucional tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo al Artículo 1”.
Además, afirmó que pese año con año aumentan los casos de incendios forestales, el presupuesto destinado para acciones preventivas y de atención se han ido reduciendo por una supuesta política de austeridad republicana.
Es por eso que urgió a contar con instituciones que tengan la capacidad de responder de manera coordinada y eficiente, desde el gobierno federal hasta los gobierno municipales o comunitarios.
E hizo un llamado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para que implemente el mecanismo de Alerta Temprana “para motivar que el Gobierno del Estado tenga una actuación más diligente, eficaz y eficiente, ya que es evidente la puesta en riesgo de las vidas humanas y su entorno natural, así como la vulneración de los derechos humanos de todas las personas que vivimos en este Estado de Oaxaca”.
