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Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos exigieron un alto a la impunidad y protección que el gobierno de Oaxaca brinda a los responsables de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
En una carta pública, señalaron que con la libertad de dos de los perpetradores se ha fortalecido la impunidad desde el aparato institucional que conforma el poder judicial federal y estatal.
"Como ocurrió con la última resolución donde el Segundo Tribunal Colegiado -quien no presenció directamente el desahogo del juicio- dejó de tomar en cuenta que fue acreditada plenamente la responsabilidad del ex consejero jurídico al existir videos, testimonios, llamadas y vehículos asegurados, que lo vinculaban directamente con la desaparición".
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Claudia Uruchurtu fue desaparecida el 26 de marzo del año 2021 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, después de haber acudido a una protesta frente al palacio municipal por la detención arbitraria de un habitante de esta comunidad. La activista evidenció una serie de irregularidades en el uso del recurso público por parte de la entonces presidenta municipal del partido Morena, Lizbeth Victoria Huerta, así como por denunciar actuaciones irregulares de las autoridades agrarias de este municipio.
La Fiscalía General del Estado detuvo a cinco personas, cuatro de ellas con cargos en el gobierno municipal de Nochixtlán. Durante el juicio y después del desahogo de diversas pruebas, se logró demostrar la participación de estos cinco perpetradores en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. El 15 de diciembre del año 2022 y el 03 de marzo del año 2023, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca emitió sentencias condenando a los responsables a penas de entre cuatro y sesenta años de prisión.
Sin embargo, después de agotar los recursos legales, la expresidenta municipal y su consejero jurídico lograron obtener su libertad, la primera al reducirle la Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia la pena y el segundo, al concederle el amparo directo el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.
Para las organizaciones sociales y hermanas de Claudia Uruchurtu, las sentencias que han favorecido a los responsables no han observado los estándares internacionales de derechos humanos, ni considerado cada una de las pruebas desahogadas en juicio, las cuales en su conjunto permitieron acreditar de manera indudable su responsabilidad en primera y segunda instancia.
"Vulnerando los derechos de la familia Uruchurtu Cruz como víctimas indirectas, además, con la protección del Gobernador de Oaxaca a las personas responsables, se ha evidenciado la falta de autonomía de los órganos jurisdiccionales en el Estado.
"En México hay más de 130 mil casos de desaparición frente a los cuales las autoridades del gobierno mexicano poco o nada han hecho para investigar y sancionar a las personas responsables, uno de los casos en donde se había logrado avanzar con la imposición de sentencias condenatorias a servidores públicos municipales de Nochixtlán, Oaxaca, después de un proceso de investigación y juicio, era el caso de la defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz".
En la carta pública exigieron a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que garantice un proceso de evaluación de las políticas públicas que se implementan a favor de las víctimas de desaparición forzada, que permitan contar con acciones efectivas para la búsqueda, localización y acceso a la justicia, incluyendo la reparación integral del daño.
Y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, que garantice que los argumentos, la fundamentación y motivación que emplean los tribunales federales y estatales no se aparten de los estándares internacionales de derechos humanos, y que en el caso concreto de Claudia Uruchurtu, acepte la competencia de la SCJN y revoque las determinaciones que han permitido que prevalezca impunidad por la comisión del delito de desaparición forzada, estableciendo precedentes en materia de protección de los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
También exigieron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que emita un pronunciamiento llamando a que se garantice de manera inmediata la incorporación en la resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales federales y estatales los más altos estándares de derechos humanos, particularmente en Oaxaca, y que implemente de manera urgente acciones para fortalecer el conocimiento del marco internacional de los derechos humanos en los operadores del sistema de justicia federal y estatal.
Mientras que al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), que dé continuidad a la acción urgente 1013/2021 iniciada con motivo de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz y requiera al Estado Mexicano información sobre la actuación jurisdiccional, y a la Embajadora del Reino Unido en México, que realice un extrañamiento público al Gobierno de México y al Gobierno del Estado de Oaxaca por la falta de justicia, verdad y reparación por la desaparición de quien también es ciudadana Británica Claudia Uruchurtu Cruz.
