Representantes de 33 organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe en el que denuncian que en Oaxaca existe una grave crisis de derechos humanos, en la que destaca el asesinato de personas defensoras y la criminalización de la protesta social.
Este informe se emitió en el marco de la visita de la Embajada de los Países Bajos a la capital del estado el pasado 9 de mayo de 2025.
Según las organizaciones civiles, la criminalización de la protesta social ocurre principalmente en las comunidades indígenas contra defensores comunitarios y personas provenientes de organismos civiles.
En Oaxaca, aseguraron, han sido asesinadas 58 personas defensoras de las cuales 55 pertenecían a un pueblo indígena; le siguen Guerrero con el 39 por ciento de activistas asesinados en el país y Chiapas con el 17 por ciento.
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“Los asesinatos de integrantes de comunidades es debido a la persistencia de conflictos agrarios, así como la oposición comunitaria a megaproyectos en sus terrenos ha traído consigo el desplazamiento forzado, la división del tejido social, los asesinato y el amago de prisión de personas defensoras”.
El informe también denuncia violaciones a derechos como a una vida libre de violencia, a la diversidad sexual, a la salud, a la seguridad, a un medio ambiente sano, a la organización y participación ciudadana, a la participación política de las mujeres y a la información y la comunicación, entre otros.
Los representantes de las organizaciones civiles, en conferencia de prensa, exigieron la restitución y justicia para las personas defensoras del territorio asesinadas y desaparecidas, la generación de un diseño institucional y presupuesto que pare la situación de inseguridad de las personas defensoras y la intervención inmediata de la Fiscalía de Oaxaca contra los responsables de los delitos de despojo agravado, amenazas y destrucción ambiental, entre otras demandas.