Estatal | 11-02-23 | 04:02 | Actualizada | 13-04-25 | 18:06 |
Tuxtepec.- La región de la Cuenca del Papaloapan cumplirá siete años sin una oficina o representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en junio próximo, a pesar de ubicarse en el segundo lugar estatal de incidencia delictiva, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESP).

La última vez que el municipio cuenqueño tuvo un enlace directo con la DDHPO fue en el 2015, cuando el responsable de la cabecera regional recibió amenazas de muerte tras realizar inspecciones al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Tuxtepec, dependiente de la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), según consta en la averiguación previa 543/(STDAI)/2015.

En aquel entonces, el exdefensor Arturo Peimbert Calvo aseguró que la oficina de la defensoría en la región "no estaba cerrada como tal", que sólo sería temporal por un par de meses y que se mantendría sin un representante debido “a la situación delicada de la región”, con un repunte de incidencias del crimen organizado, lo cual dificultaba el trabajo de defensores de orden civil o de orden público.

“No hay condiciones, ni recursos para establecer una oficina en Tuxtepec”, dijo el ahora titular de la Fiscalía General del Estado (FGEO) en 2019, a pesar de contar con un presupuesto anual de 40 millones 604 mil 284 pesos, según el presupuesto de egresos de ese año, y un total de 160 millones de pesos en los cuatro años siguientes. 

Para Pablo Chávez Zavaleta, coordinador jurídico del Comité Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, el asunto de la inseguridad, el recurso y la ausencia de la Defensoría Estatal es un tema de negligencia y olvido institucional. 

“No puede ser que en siete años no haya habido la voluntad política de un organismo que maneja tanto dinero. En la época más complicada por la violencia la defensoría dejó solas a las víctimas y sucedió lo de siempre: la centralización del poder y la falta de mirada a las regiones de Oaxaca”, expuso el defensor local.

Lo que sucede con la Defensoría Estatal es algo parecido a lo que pasa con la FGEO, existe mala administración de los recursos y no hay una voluntad verdadera para tender puentes con las regiones y conocer las necesidades locales, expresó Chávez Zavaleta a EL UNIVERSAL.

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“Son defensores de escritorio, que no le dan seguimiento a medidas cautelares o sólo llegan a las regiones sin conocer realmente los asuntos de las personas que están sufriendo violaciones a derechos humanos”, acota el representante del único organismo de la sociedad civil especializado en derechos humanos en la Cuenca del Papaloapan.

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