Para tribunal de Jara, Congreso de Oaxaca quita candados contra partidos y reduce experiencia
La iniciativa también buscaba eliminar como requisito que los nuevos magistrados no hubieran sido condenados por violencia de género o delitos sexuales, ni por ser deudores alimentarios
Oaxaca de Juárez.- Para la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, el Congreso de Oaxaca realizó reformas a la Constitución oaxaqueña referentes a la designación de magistradas y magistrados, como reducir la antigüedad requerida en el ejercicio profesional; eliminar cláusulas de ideonidad que impedían tener a la par cargos en partidos políticos y ser familiares entre sí, además, intentaron quitar candados para evitar la llegada de agresores de mujeres y deudores alimentarios.
Expertos consultados por EL UNIVERSAL consideran que estas modificaciones se hicieron para facilitar la colocación de perfiles “a modo” en puestos clave del nuevo tribunal impulsado por el gobierno de Salomón Jara (Morena), mismo que alista su defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que este emitiera una suspensión parcial que impide destituir a las magistrados anteriores.
De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, en lo que se refiere a la experiencia, la reforma disminuye de 10 a 5 años la antigüedad mínima del título y cédula profesional de quienes busquen ser magistrados.
En su reforma, además, los diputados de Morena y partidos aliados también eliminaron un párrafo sobre la idoneidad de los perfiles que establecía que “los nombramientos de los magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica”.
De igual forma, abrogaron otros dos párrafos del artículo 114 Quáter en los que se señalaba que “no podrán reunirse en el tribunal dos o más magistrados que sean parientes entre sí por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo”.
Y que “durante el ejercicio de su encargo no podrán ocupar cargo en partidos políticos, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público; excepto la docencia o la investigación académica”.
En un análisis realizado por el director de Código Transparencia, Alejandro Cruz Pimentel, sobre el decreto que desaparece el TJAO para crear el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca, el especialista sostiene que con estas reformas a la Constitución Política del Estado lo que buscaron es colocar magistrados “modo”, “ya que de igual manera, no se presentó alguna justificación o propuesta afirmativa”, para “dar paso a lo cuates y cuotas”.
Buscaban quitar candado contra deudores alimentarios
Cruz Pimentel advierte que la iniciativa presentada por el diputado de Morena Luis Alfonso Silva Romo también eliminaba la fracción VI de los requisitos para ser magistrado del nuevo tribunal, que ponía como condición “no haber sido condenada o condenado mediante resolución firme por delitos cometidos por razones de género, por violencia familiar, por delitos sexuales y no estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa en cualquier registro oficial”.
Al respecto, si bien la iniciativa que circuló el sábado 22 de julio, día en que se aprobó en ocho minutos la reforma para la desaparición del TJAO y el nombramiento de nuevos magistrados, aparece eliminada esta fracción, finalmente en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el jueves 27 de julio en su página de internet, sí aparecen dichas líneas que obligan como requisito para ser magistrado no haber sido condenado por violencia en razón de género, delitos sexuales y no ser un deudor alimentario.
De acuerdo con el legislador Silva Romo, la reforma aprobada para la creación del nuevo tribunal, pese a no pasar a comisiones, “fue consultada con muchas personas en Oaxaca y fue analizada y socializada por diputados y diputadas, razón por la que accedieron a que fuera tratada como de “urgente y obvia resolución” y aprobada como un dictamen.
Sobre los nuevos siete magistrados, sobre quienes este medio dio a conocer que tienen vínculos con los exgobernadores Gabino Cué y Ulises Ruiz, así como con funcionarios del gabinete como Jesús Romero y hasta con la Sección 22 del SNTE, el diputado aseguró que sus nombramientos fueron avalados por todas las fuerzas políticas.
“La lista fue ratificada por el pleno del Congreso, más allá de una mayoría calificada, y esto valida lo que la soberanía popular ha hecho en conjunto con el titular del Poder Ejecutivo, el ingeniero Salomon Jara”, afirmó en entrevista.
