Con el 68 por ciento de las actas computadas y de mantenerse la tendencia en los resultados electorales, el oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el 5.16% de los votos por encima de Lenia Batres Guadarrama, quien registra el 4.88% de la votación.

Originario de Villa Guadalupe Victoria, localidad de San Miguel el Grande, municipio de la región Mixteca de Oaxaca, formó parte del Congreso Nacional Indígena y del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los diálogos de San Andrés.

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Noviembre de 1996, como integrante del Cuerpo Asesor del EZLN, participó en la sesión de redacción de las propuestas de reformas Constitucionales, y la cual fue presentada a la Comisión de Concordia y Pacificación, que en su gran mayoría constituyó la propuesta de reforma constitucional de este organismo de intermediación, presentada al Congreso Federal y que, parcialmente fue incorporado al artículo segundo Constitucional, aprobada en 2001.

¿Qué estudios tiene Hugo Aguilar Ortiz y qué cargos ha ocupado?

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y estudió la maestría en Derecho Constitucional.

Su cargo más reciente fue el de Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y anterior a este, encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del instituto Estatal y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), institución de la cual también fue asesor.

Destaca también que fue consultor de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas, y asesor de 6 controversias Constitucionales interpuestas para buscar la invalidez de la Ley de Radio y Televisión Participante en el proyecto de co-investigación "Gobernar la diversidad" con el tema del reconocimiento del sistema electoral en municipios indígenas.

Desde 1996 a 2010, fue asesor y representante legal de 25 comunidades indígenas que enfrentaban conflictos agrarios, haciendo uso de las vías conciliatorias y jurisdiccionales para su solución.

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