Con el 68 por ciento de las actas computadas y de mantenerse la tendencia en los resultados electorales, el oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el 5.16% de los votos por encima de Lenia Batres Guadarrama, quien registra el 4.88% de la votación.

Originario de Villa Guadalupe Victoria, localidad de San Miguel el Grande, municipio de la región Mixteca de Oaxaca, formó parte del Congreso Nacional Indígena y del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los diálogos de San Andrés.

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Noviembre de 1996, como integrante del Cuerpo Asesor del EZLN, participó en la sesión de redacción de las propuestas de reformas Constitucionales, y la cual fue presentada a la Comisión de Concordia y Pacificación, que en su gran mayoría constituyó la propuesta de reforma constitucional de este organismo de intermediación, presentada al Congreso Federal y que, parcialmente fue incorporado al artículo segundo Constitucional, aprobada en 2001.

¿Qué estudios tiene Hugo Aguilar Ortiz y qué cargos ha ocupado?

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y estudió la maestría en Derecho Constitucional.

Su cargo más reciente fue el de Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y anterior a este, encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del instituto Estatal y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), institución de la cual también fue asesor.

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Destaca también que fue consultor de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas, y asesor de 6 controversias Constitucionales interpuestas para buscar la invalidez de la Ley de Radio y Televisión Participante en el proyecto de co-investigación "Gobernar la diversidad" con el tema del reconocimiento del sistema electoral en municipios indígenas.

Desde 1996 a 2010, fue asesor y representante legal de 25 comunidades indígenas que enfrentaban conflictos agrarios, haciendo uso de las vías conciliatorias y jurisdiccionales para su solución.

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