Según la iniciativa enviada por el mandatario, esta nueva deuda pública es para para destinarla al refinanciamiento y/o reestructura de parte de los créditos que integran la deuda pública de largo plazo a cargo del estado, para la contratación de instrumentos derivados para reducir el riesgo de tasas de interés de la deuda pública estatal, la contratación de garantías de pago oportuno para asociarlas a los financiamientos contratados.
El mandatario argumentó en su solicitud que desde la entrada en funciones de la actual administración estatal, entre los principales aspectos de las finanzas estatales se identificó su limitada flexibilidad presupuestal y el bajo nivel de liquidez prevaleciente, lo que dificultará hacer frente a situaciones inesperadas o extraordinarias, así como el emprendimiento efectivo de proyectos e iniciativas destinadas a cubrir las necesidades de la población y, en general, a fomentar el desarrollo integral del Estado.
“Esto es, se ha incrementado 2.7 veces en el periodo, lo que ha impactado los intereses de los financiamientos contratados a tasa variable que no tienen asociada una cobertura a través de instrumentos derivados”.
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