Oaxaca de Juárez.— La organización Front Line Defenders solicitó al gobierno de México retirar los cargos en contra de David Hernández Salazar, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y opositor a la instalación de un parque industrial en Puente Madera, localidad de San Blas Atempa, como parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
También, pidió retirar las investigaciones y órdenes de aprehensión en contra de las y los integrantes de la comunidad indígena de Puente Madera y garantizar su derecho al debido proceso.
Front Line Defenders explicó que ayer se celebró la audiencia de intermediación del proceso penal en contra del defensor de derechos humanos David Hernández, quien ha sido acusado de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio por parte de las autoridades municipales de San Blas Atempa, Oaxaca.
“El defensor de derechos humanos ha sido criminalizado por su rol activo en la reivindicación del derecho al territorio de la comunidad indígena Binniza de Puente Madera, al protestar en contra de la instalación en sus tierras comunes del Parque Industrial Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, aseguró.
También, mencionó que David Hernández desde el año 2017 ha luchado activamente en defensa del derecho al territorio en las tierras de uso común conocidas como El Pitayal, que se vieron amenazadas por la extracción de material pétreo en el Cerro Igú y por la instalación de la Subestación Eléctrica de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
En su llamado, solicitó al gobierno mexicano tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de David Hernández y de las y los integrantes de la APIIDTT, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos que luchan por su derecho a la tierra y el territorio en Oaxaca.
Así como tomar medidas para garantizar que todos los defensores y defensoras de derechos humanos, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias en México.
