Presencia del Ejército creció 300% en Oaxaca en los últimos 10 años

Oaxaca de Juárez.— En poco más de 10 años la presencia que mantiene el Ejército en Oaxaca creció 300%, pues la entidad pasó de contar con mil 138 elementos en 2012, a registrar 3 mil 827 en 2021 y 3 mil 515 en 2022, lo que indica que el número de militares se ha triplicado, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidos por El UNIVERSAL a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Según las cifras, en la última década el 2014 fue el año en el que Oaxaca contó con menos soldados desplegados en su territorio, pues el gobierno reconoció únicamente 410. Desde entonces, en comparación con dicho año, el número de efectivos que actualmente tienen presencia en territorio estatal es seis veces mayor.

Los documentos entregados por Sedena también indica que durante el último sexenio el número de efectivos desplegados en Oaxaca fue en promedio de 4 mil por año, mismo periodo en el arrancaron megaproyectos del gobierno federal, en particular en el Istmo, como el Corredor Interoceánico, que ha enfrentado procesos de resistencia comunitaria.

Precisamente sobre esa región, donde ha observado un aumento significativo de personal militar y de corporaciones de seguridad  para blindar los trabajos de esta obra, tanto la Sedena como el gobierno de Oaxaca rechazaron dar a conocer el número de elementos desplegados en las comunidades impactadas.

La primera aseguró no contar con la información solicitada y el segundo respondió que es clasificada y fue reservada durante cinco años porque entregarla a la ciudadanía “dejaría vulnerable la seguridad de la sociedad en general y de los servidores públicos”.

Este medio solicitó a la Defensa Nacional informar cuántos militares estuvieron y están destacamentados específicamente en la región del Istmo de Tehuantepec, en los municipios de Matías Romero, Ixtepec, Juchitán, Tehuantepec, Unión Hidalgo y Salina Cruz, comunidades por donde atraviesa el Interoceánico, que conecta por tierra al Pacífico con el Golfo de México y que es uno de los proyectos emblema del presiden Andrés Manuel López Obrador.

Como respuesta, la Sedena negó contar con dichos datos bajo el argumento de que “las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documento ad doc para atender solicitudes de información” y afirmando que darlos a conocer sería un riesgo de seguridad nacional.

“Después de realizar una exhaustiva búsqueda congruente y razonada en los archivos del Estado Mayor conjunto de la Defensa Nacional no se localizó la información”, cita la respuesta.

Por otra parte, el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSyPC), se negó a responder la solicitud sobre el número policías estales y elementos de la Guardia Nacional que se encuentran operando en el Istmo, pues afirmó que “la información se encuentra clasificada como reservada y entregarla a la ciudadanía dejaría vulnerable la seguridad de la sociedad en general y de los servidores públicos”.

Según el oficio SSyPC/PE/DJ/1555/2033.AT, entregado a este medio como respuesta, el plazo para la reserva de esta información es de mínimo cinco años.

Disuadir la protesta

Para Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, especialista en defensa del territorio de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), la presencia del Ejército en comunidades indígenas de Oaxaca está contribuyendo a la destrucción del tejido comunitario, porque las fuerzas armadas son vistas como ajenas debido a que los pueblos tienen sus propios modelos de organización, ligadas al territorio, la lengua y el ejercicio colectivo del poder a través de la asamblea comunitaria, el tequio y el sistema de cargos.

También afirma que actualmente la presencia militar en regiones como el Istmo tiene como finalidad disuadir la protesta social de quienes se oponen a las obras de este megaproyecto, como sucedió recientemente con el desalojo violento de un bloqueo que durante 30 días realizaron pobladores inconformes.

“El papel de las fuerzas armadas es disuadir la protesta social como sucedió apenas en Mogoñe Viejo, donde la apuesta del gobierno es la modernización del Tren Transístmico y las comunidades quieren evitar la devastación de la naturaleza y el desplazamiento de la población. El Ejército se encargó de operar el desalojo”, sostuvo.

Para el especialista, actualmente la presencia del Ejército en dicha región está ligada a proteger no sólo el Corredor Interoceánico, sino también a actividades ligadas a la explotación minera y proyectos hidroeléctricos.

Lo preocupante, dice, no sólo radica en el aumento de efectivos militares presentes en Oaxaca, sino al incremento de sus funciones y presupuesto, pues en 2023 las fuerzas armadas están ejerciendo 153 mil millones de pesos, un presupuesto mayor que en 2022 y en detrimento de la reducción de recursos asignados a  municipios.

“Nunca antes las fuerzas armadas habían tenido este papel, ahora construyen carreteras, aeropuertos, controlan las aduanas y por supuesto están construyendo las vías del Corredor Interoceánico, están ejerciendo tareas de seguridad pública, hubo intentos desde Calderón, pero fue el gobierno de AMLO donde se consolidó”, destaca.

Pese a ello, las cifras indican que el incremento de militares en Oaxaca no ha reducido delitos como asesinatos y secuestros, que más se han mantenido en una meseta, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pues del 2015 a 2022 se reportan 12 mil 457 homicidios y 204 secuestros en el estado, incidencia delictiva calificada de alto impacto.

Y señalan que  pese a abarcar los años con mayor presencia de militares, en este periodo los asesinatos casi se quintuplicaron: de 416 en 2015, alcanzaron los mil 872 en 2022. Mientras que en lo que va de 2023, la entidad oaxaqueña acumula 700 homicidios y 15 secuestros.

“La militarización no es una crisis, porque las crisis pasan, se trata de algo permanente, en los hechos, lo que ocurre en el país y en Oaxaca es una ocupación militar”, subrayó el también experto en defensa indígena.

¿Seguridad nacional?

Juana Ramírez Villegas, comunicadora y defensora ayuuk, habitante de la zona limítrofe con el Istmo, indica que al aumento de militares debe sumarse el decreto realizado por el Presidente en agosto de 2022, que buscaba que la Guardia Nacional pasará  a control de Sedena, pero sobre todo que el Corredor Interoceánico fue clasificado como una obra “clave de seguridad nacional” y con dicho argumento su control pasó de manos civiles a las de la Marina.

“Por varios meses los tramos de Palomares, Hierva Santa y Mogoñé del Tren Transístmico fueron detenidos, alrededor de 20 kilómetros, porque no había información clara sobre las actividades de rehabilitación  ni de los trabajos que están realizando, están ampliando sin consultar a los pobladores un derecho de vía de 35 metros de cada lado”, dice Ramírez Villegas.

Para la activista, el decreto que clasifica al Interoceánico como una obra clave de seguridad nacional complicará aún más los acuerdos con las comunidades afectadas y podría generar violencia, ya que desde que su operación se entregó a la Secretaría de Marina, se ha cerrado la posibilidad de diálogo por la misma naturaleza de los elementos de seguridad que sólo reciben órdenes.

“Creemos que el megaproyecto Interoceánico no se concluirá porque hay muchos problemas en su entorno, muchas comunidades inconformes, problemas añejos que con la imposición y la militarización se han agudizado, a pesar de la presencia del Ejército, las comunidades han dicho que eso no los intimida y van a defender su derecho y su territorio”, enfatiza la representante comunal.