La asociación civil Litigio Estratégico Indígena presentó una demanda de amparo para exigir al gobierno federal y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la construcción y publicación del listado actualizado de las zonas contaminadas del país, por tipo de contaminante y localización.
En la demanda presentada ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca el gobierno federal no ha cumplido ninguno de los deberes del Acuerdo de Escazú, y especialmente no ha cumplido con el acuerdo 6 numeral 3 que ordena la construcción de un sistema de información actualizada sobre las zonas contaminadas.
Este incumplimiento u omisión, argumentó, vulnera el derecho de acceso a la información y a la participación ciudadana.
También mencionó que el 1 de septiembre de 2023 se publicó el Quinto informe de labores de la Semarnat sin que aparezca que se haya construido el Sistema de Información ni la publicación del listado.
“El incumplimiento en la construcción del Sistema ordenado en el Acuerdo de Escazú, vulnera mi derecho al acceso a la información ambiental y por lo tanto impide que pueda ejercer mi derecho a la participación ciudadana”, se señaló en la demanda de amparo presentada también por la María Fernanda Hernández con el acompañamiento de Litigio Estratégico Indígena.
Y advirtió la falta de garantía a su derecho humano a un medio ambiente sano y a la información sobre las actuaciones que conciernen para las medidas tendientes para cumplir esos derechos.
“Tengo el derecho a que el Estado Mexicano construya el Sistema de Información que es la base de la participación ciudadana en materia ambiental. Asimismo, tengo el derecho a instar la acción de amparo en defensa de los derechos humanos a conocer sobre la información de las actuaciones que ha realizado el Estado para garantizar los derechos antes mencionados, no únicamente interesa a mi persona, sino a la comunidad en general”.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado por 24 países el cuatro de marzo de 2018, México ratificó el tratado el 22 de abril de 2021 y actualmente forma parte de la regularidad constitucional.
