“Quitaron medidas cautelares con pruebas a medias y sin retorno”, dicen mujeres triquis desalojadas en Oaxaca

Santiago Juxtlahuaca. – “Nuestro trabajo era parte de nuestra manifestación, pues no somos comerciantes, somos desplazadas”, afirma una de las mujeres desalojadas de los Portales del Palacio de Gobierno de Oaxaca durante la madrugada del 2 de diciembre, a unas horas de la llegada del nuevo gobierno. 

Las mujeres aseguran a EL UNIVERSAL que siguen sin creer cómo fueron despojadas de sus pertenencias durante la madrugada del viernes, pues un mes antes de que el gobernador Salomón Jara tomará el poder, les aseguró no habría más represión hacía las familias triquis que atraviesan el desplazamiento forzado interno.

En entrevista, las desplazadas quienes omiten  su nombre por temor a represalias, dieron a conocer que uno de los integrantes del equipo del actual gobernador buscó a las mujeres para pedirles que se llevaran sus cosas durante dos o tres días, y que después se las regresarían, pero ellas se negaron, porque afirman que en ocasiones pasadas no les han cumplido los gobiernos.

 

 

“Se ofrecieron en pagarnos el hospedaje por dos días, para que nos quitáramos, pero nosotras no aceptamos. Lo que buscamos es justicia y retorno a nuestra comunidad”, dice una de las afectadas, quien se encarga de la manutención de sus cuatro hijos a través de las ventas de sus textiles, pues su esposo es uno de los presos políticos por los hechos ocurridos en 2010 en la comunidad de San Juan Copala, en la región de la Mixteca de Oaxaca.

“Me duele mucho que nos hayan tratado así, parece que no contamos como mujeres indígenas; si seguimos en el palacio fue porque no nos regresaron a nuestra comunidad tampoco cumplieron con las reparaciones”, dice la mujer entre sollozos.

 

Sin aviso sobre el término de las medidas cautelares

 

Las mujeres afectadas comentaron que nadie les informó sobre el término de las medidas cautelares que les fue concedida en el 2012, tras acuerdos y mesas de diálogo con órganos de derechos humanos.

“Nadie nos dijo que las medidas cautelares se vencieron, supimos después porque otras compañeras escucharon y leyeron las noticias, pero a nosotras nadie nos dijo”, afirmaron.

El desalojo ocurrió a dos días de que el gobernador Salomón Jara tomará el cargo. En un comunicado Norma Reyes Terán extitular de la coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), anunció el vencimiento de las medidas cautelares a las familias triquis desplazadas durante los conflictos de 2006 a 2012 en San Juan Copala, otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que permitían a las familias triquis protección para realizar sus protestas en el Palacio de Gobierno de la capital oaxaqueña.

 

 

“¿Cómo es que no nos avisaron y se llevaron nuestras pertenencias en un volteo?, ahora buscamos recuperarlas. Nuestros huipiles y todo nuestro trabajo nos han costado muchos años y eso vendemos para poder vivir con nuestros hijos, repiten.

 

Pruebas a medias

 

“La medida cautelar se levantó con pruebas a medias, con evidencia de unas pocas personas, y el gobierno usó argumentos de una minoría que según fue reubicada, pero no, la mayor parte se encuentran todavía sin techo, ni las garantías de reparación de daños”, indica Horacio Santiago, vocero del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

El dirigente explica que como organización acompañan a un grupo de mujeres víctimas de desplazamiento forzado interno del municipio autónomo de San Juan Copala y asevera tajante que el Estado mexicano no cumplió con reparación de daños a las familias que huyeron de San Juan Copala tras violencia de grupos armados y quienes son víctimas de desplazamiento forzado interno. Ahora, dice, el gobierno de Oaxaca reprime a mujeres y niños.

“Con las medidas cautelares, el deber del Estado mexicano desde lo federal, estatal y municipal es proteger a las familias desplazadas de acuerdo a las leyes cautelares, pero no fue así”, lamenta Horacio Santiago.

Cuando los organismos demandan medidas cautelares para las personas o un grupo de personas, víctimas de desplazamiento forzado interno, sólo pueden ser adoptadas por dos opciones para poder solucionar el tema del desplazamiento forzado Interno: el Estado genera las condiciones de seguridad para que las familias desplazadas retornen a su lugar de origen y en dado caso de no ser posible, entonces debe de generar la reubicación de las familias desplazadas, detalla Horacio.

En el caso de las familias de San Juan Copala víctimas de este fenómeno social, el gobierno mexicano incumplió con ambas, pues no todos fueron reubicados, tampoco retornaron a su comunidad de origen.

“Hace dos años, los representantes del gobierno y unos compañeros nos estaban ofreciendo 250 mil pesos, porque eso habían determinado en una reunión en Colombia, según eso nos dijeron, pero nosotras no aceptamos. Lo único que queríamos y seguimos pidiendo es regresar a nuestro pueblo”, comentan las mujeres afectadas en el desalojo.

Horacio Santiago expone que efectivamente no todas las familias pudieron ser reubicadas, sólo un grupo en el municipio de Huajuapan de León en la región de la Mixteca; a otro grupo, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo les facilitó predios sin servicios, ni vivienda, en la capital oaxaqueña.

“Las personas que aceptaron el dinero que el gobierno les entregó hace dos años, fueron pocas, y con ello, con reportes a medias, el gobierno informó que se cumplió con la reparación del daño, cuando todo se quedó a medias, fue el propio gobierno oaxaqueño quien ocasionó el problema de división, primero Gabino Cué y posteriormente por Alejandro Murat”, refirió.

El dirigente también da a conocer que, en su momento, el gobierno del estado entregó 150 mil pesos para alimentación como parte de las reparaciones, no por gusto, sino como parte del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.

Uno de los grupos de mujeres desalojadas confirmó a este medio recibir dichos recursos como parte de las reparaciones de daños, aunque dice que a varias no les tocó lo correspondido, sino menos de 100 mil pesos.

 

 

“La entrega no fue pareja, alguna nos tocó 70 mil, otras 50 mil, como parte de las reparaciones”, insisten.

El vocero del MULTI afirma que dicho recurso se les brindó para la reparación integral del daño, como ayuda humanitaria, despensas,  para que pudieran subsistir

“En el caso de San Juan Copala, en un principio les brindó algún tipo de ayuda humanitaria y se les dio por concepto de reparación del daño, pero después este fue interrumpido y ya no les dieron ningún tipo de apoyo, en alimentación, ni en medicamentos, menos en acceso a la educación”.

En México fue reconocido por primera vez el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en octubre de 2017, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación No. 39/2017; sin embargo, cientos de familias vienen atravesando este fenómeno décadas atrás.

Actualmente, en Oaxaca cinco comunidades de distintos municipios son víctimas de DFI, según el último informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quien registró mil 328, víctimas reconocidas en sólo 2020.

El estado de Oaxaca ocupa el tercer lugar con mayor número de desplazados, solo por debajo de Guerrero y Chiapas, señala el registro de la CMDPDH.