Ante medios de comunicación, pobladores de Santiago Progreso expusieron que la Segego hace señalamientos injustos contra una decena de habitantes retenidos por autoridades agrarias de San Pedro Ozumacín.
"Señalamos de manera tajante que la Segego está tergiversando la información. Primero, porque el tema de la familia expulsada en 2014 de nuestra comunidad obedeció a cuestiones internas de Santiago Progreso y no a un asunto de carácter agrario como falsamente quiere hacerlo ver la Segego", afirmaron.
Puntualizaron que el asunto de la familia De la Cruz ya está resuelto y legalmente sigue su procedimiento ante los jueces de amparo; por ello exigieron que las 10 personas retenidas en Ozumacín sean presentados ante un Ministerio Público, si es que se les acusa de algún delito.
Y es que en el documento emitido ayer por la noche, la Segego asegura que el conflicto entre estas comunidades derivó de la expulsión de la familia que habitaba en Santiago Progreso en el 2014, quienes fueron despojados de sus viviendas, tierras, ganado y pertenencias -manteniendo hasta la fecha su exigencia de retorno.
De acuerdo con la secretaría, la Asamblea de Ejidatarios de San Pedro Ozumacín determinó una multa de un millón de pesos a las 10 personas que presuntamente cometieron estos delitos y a las cuales mantienen retenidas; no obstante, los pobladores de Santiago Progreso afirman que este tema ya fue solucionado.
"Refutamos de manera clara a la Segego y le decimos que si los 10 pobladores secuestrados cometieron un delito, que sean puestos a disposición del Ministerio Público para fincar responsabilidades, porque ni la asamblea de ejidatarios, ni la propia Segego son autoridades competentes para castigar delitos", añadieron.
Cabe mencionar que éste es el segundo día en el que cuatro mujeres de Santiago Progreso mantienen una huelga de hambre para exigir la liberación de los 10 pobladores e insisten en que no cometieron ningún delito y su retención “es un pretexto de la Segego para encubrir su falta de oficio político”.