Más Información
El Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas denunció que la nueva reforma a la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión representa un retroceso y una clara violación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos reconocidos en la Constitución de México y en el derecho internacional de los derechos humanos.
La omisión de la consulta indígena, el desconocimiento del vínculo con el territorio, la falta de un régimen fiscal justo y la subordinación financiera, afirmó el comité que constituyen retrocesos que no se pueden permitir.
Detalló que esta reforma fue aprobada sin consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo cual constituye una transgresión directa al artículo segundo constitucional, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y al Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano.
"Nos indigna que una vez más se legisle sobre nuestros territorios, nuestras formas de organización y nuestros medios de comunicación sin nuestra participación real, reproduciendo el colonialismo institucional y la exclusión histórica. Esta ley no solo omite nuestros derechos, sino que impone cargas normativas y fiscales que desconocen la realidad operativa, económica y cultural de nuestros medios comunitarios'".
Entre otros aspectos graves, señaló que la redacción es ambigua y no cumple con los estándares de consulta indígena obligatoria; el agregado que permite otorgar concesiones en carácter de “sujetos de derecho público” genera confusión y puede derivar en tratos desiguales.
"Además, no se incluye de forma expresa la relación integral de los pueblos con su territorio, ni la dimensión comunitaria y organizativa de sus medios de comunicación, como mandan los estándares interamericanos de derechos humanos".
Sigue leyendo: Pronostican lluvias intensas en San Luis Potosí por efectos de la depresión tropical Barry
Aunque se reconoce un "régimen simplificado", apuntó, "este debe aplicarse como principio transversal en toda la ley, reconociendo las condiciones particulares de los medios indígenas y afromexicanos; y carece de un régimen fiscal diferenciado".
"Los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos no pueden ser tratados con las mismas obligaciones fiscales que los medios comerciales. Exigimos un régimen tributario especial y simplificado que permita el acceso real y justo a los recursos públicos, garantizando su sostenibilidad sin menoscabo de su autonomía"
La disposición sobre donación de equipos decomisados es positiva, expresó, pero carece de "criterios claros, mecanismos transparentes y garantías de acceso equitativo2.
En relación a los ingresos para radios comunitarias de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dijo que el financiamiento a través de publicidad oficial sigue siendo incierto.
"El cambio de al menos 1% a entre 1 y 10% no garantiza una mejora, y continúa subordinado a la voluntad de la Comisión. Además, la definición de patrocinio impide generar ingresos legítimos. Exigimos un modelo claro, sostenible y autónomo de financiamiento".
Y para el financiamiento para producción indígena señaló que el uso del verbo “podrá”, “impulsará” o “considerará” en artículos clave refleja una intención sin obligatoriedad.
Finalmente, aseguró que la Defensoría de las audiencias impone a los medios comunitarios e indígenas las mismas obligaciones que a los grandes concesionarios comerciales ignora nuestra estructura horizontal, colectiva y comunitaria.
"Exigimos a la Cámara de Diputados, como instancia revisora y como poder constituido por mandato popular, que detenga el proceso legislativo de esta reforma mientras no se cumpla con el derecho a la consulta indígena y mientras no se garantice un proceso de armonización normativa que respete los derechos constitucionales y humanos de los pueblos indígenas y afromexicano", sentenció.
