Reforma que quita fecha a paridad, un peligro para la participación de mujeres indígenas de Oaxaca
Al suspenderse la obligatoriedad de incluir a mujeres en la elección de cargos en municipios no se elimina la violencia política, pero sí se invisibiliza lucha de décadas, acusan funcionarias y activistas
Oaxaca de Juárez.— Para Esther Rodríguez Osorio, regidora de Obras de San Jerónimo Coatlán, municipio ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, la reforma aprobada por el Congreso local que deja en suspenso la obligatoriedad de la paridad de género en los cabildos de municipios regidos por Sistemas Normativos Indígenas (SNI) pone en peligro la garantía de la participación de las mujeres en esta comunidad.
“La reforma es un claro retroceso, municipios como el mío nunca presentaron resistencia para adoptar la paridad”, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL; ejemplo de ello son las tres planillas que se postularon para la renovación de autoridades en Coatlán, todas en paridad.
Antes de que se estableciera este principio, en su comunidad los cargos públicos eran ocupados sólo por hombres; la nueva reforma, acusa, “va a impedir que más mujeres lleguen a ocupar cargos”. En San Jerónimo Coatlán, apenas desde hace dos administraciones las mujeres aspiran a cargos públicos.
En el Cabildo actual son dos mujeres las que ocupan cargos, mientras que para 2023 se plantea una participación de 50%: “Nuestro ejemplo está impulsando a más mujeres a participar, y este entusiasmo se ve amenazado por una reforma de esta naturaleza”, resalta.
Flora Gutiérrez, fundadora de la Red Nacional de Abogadas Indígenas-Oaxaca (RAI), considera el hecho como “regresivo y violatorio de los derechos humanos de las mujeres indígenas, porque no se justifica este retroceso ni los argumentos que usaron las diputadas”.
La iniciativa de reforma del Decreto 1511 fue propuesta por las diputadas morenistas locales Yesenia Nolasco Ramírez, Haydeé Irma Reyes Soto y Nancy Natalia Benítez Zárate. Flora Gutiérrez afirma que quienes aprobaron la iniciativa son mujeres que llegaron a las curules gracias al establecimiento de la paridad, pero que desconocen la realidad en los contextos indígenas.
En el documento presentado por las legisladoras morenistas se explica que el fin es adecuar la normatividad electoral en materia de los SNI de Oaxaca, ampliando su derecho a la libre determinación bajo un enfoque internacional y de maximización de sus derechos.
El argumento principal es que el plazo fijado para 2023 resulta corto, tomando en cuenta que para ser electas en asamblea, la mujeres que se postulen deben cumplir antes con el sistema de cargos de la comunidad, lo que tarda un año.
“En específico, que exista un equilibrio respecto a los principios constitucionales de libre determinación de las comunidades indígenas y paridad de género, con el objeto de que no se soslaye la autoorganización de estas”.
Esta idea no tiene sentido para la activista Flora Gutiérrez: “No es posible que digan que la paridad atenta contra el principio de la autonomía y libre determinación de los pueblos, cuando las mujeres somos parte de la comunidad, la colectividad y de los ejercicios de libre determinación.
“La participación de las mujeres en las comunidades indígenas y en sus decisiones tiende a generar justicia, mayor transparencia y rendición de cuentas, y eso no les conviene a quienes ostentan el poder en los municipios”, señala.
Quitar el plazo de 2023 no eliminará la violencia política
Respecto a la aseveración de que la paridad de género ha ocasionado mayor violencia política en los municipios regidos por SNI, servidoras públicas como la regidora Esther Rodríguez afirman que mientras más mujeres ejerzan cargos públicos la violencia será menor.
“Fui víctima de violencia política de género en el año 2020; sin embargo, ello no me intimidó ni me hizo pensar que las mujeres deberían regresar a servir a sus casas. Al contrario, es un motivo mayor para visibilizar la participación de las mujeres políticas”.
Flora Gutiérrez agrega que las reformas que apuestan por la paridad han permitido que las mujeres ostenten cargos políticos desde 2013 en comunidades indígenas. Mientras que en años anteriores no podían asistir a las asambleas.
La paridad no afecta el sistema de cargos, ni de escalafón en las comunidades, subraya, pues éste es ocupado únicamente por hombres, mientras que el servicio que prestan las mujeres no suele ser tomado en cuenta.
Reforma invisibiliza lucha
En 2019 se reformó la Constitución Política Mexicana bajo el principio de paridad en todo. Como parte de ello, se reformó el Artículo 2 que establece los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, y reconoce la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y paridad.
“A raíz de ello, todas las entidades federativas, incluida Oaxaca, tuvieron que adecuar sus constituciones estatales, por lo que en 2020 se estableció que en el estado las mujeres deberían participar en condiciones de igualdad, estableciendo como límite 2023.
“Actualmente, los 417 municipios regidos por SNI están en proceso de asambleas para renovar las autoridades en sus municipios, bajo el principio de paridad, para lo que se instruyó a las dependencias estatales con competencia para ello, pero no hicieron su trabajo, a pesar de que el IEEPCO lo estableció”, agrega la activista, quien también señala que la nueva reforma invisibiliza la lucha de las mujeres indígenas por alcanzar la paridad de género.
Activistas y autoridades indígenas piden al gobernador Alejandro Murat que vete la reforma, al tiempo que solicitan a las legisladoras y legisladores que reconsideren su postura.
También, hacen un llamado al ombudsperson de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, para que, en ejercicio de sus facultades, interponga una acción de inconstitucionalidad, pues la reforma viola los derechos político electorales de las mujeres indígenas.
