Servicios para una Educación Alternativa (Educa) informó que durante los dos últimos años se han registrado 44 agresiones individuales a personas defensoras en Oaxaca, y 70 actos de agresión contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales.
En su monitoreo “Alas y raíces de los movimientos sociales en Oaxaca”, asegura que de todas las agresiones registradas, 27 fueron catalogadas como atentados a la vida, abarcando tres tipos de agresiones: homicidio, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.
Y en estos actos de agresión se privó de la vida y asesinó a un total de 32 personas defensoras. Según la organización, estos casos de atentados a la vida constituyen 20 homicidios individuales, una ejecución extrajudicial y cinco ataques hacia grupos de personas en la cual 11 personas defensoras fueron asesinadas.
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En este periodo, agregó, se registró una desaparición forzada, no obstante, la persona desaparecida, Refugio Román Cortés Hernández, fue localizada con vida un mes después de su desaparición.
Su reporte advierte también que la criminalización, el hostigamiento y los homicidios, son los tipos de agresiones con mayor incidencia, los cuales representan el 73.6% de las agresiones cometidas, y que en el total de los 114 registros de agresiones hacia personas defensoras que existen en su base de datos, estiman que 355 personas fueron agredidas.
“Un aspecto preocupante que sobresale en este monitoreo es que el Istmo de Tehuantepec destaca con el 50 por ciento de todas las agresiones registradas que se relacionan con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto que cataliza las agresiones contra personas defensoras en la región”.
En la región del Istmo de Tehuantepec, añadió, la principal agresión es la criminalización con 20 incidentes que involucran a 136 personas defensoras.
“Si se examina el tema de criminalización de personas defensoras más de cerca, en Oaxaca se observa un patrón de penas excesivas. Estos “castigos ejemplares” para los defensores son una respuesta desproporcionada a su labor de defensa y buscan desalentar a las comunidades en resistencia”.
En lo que respecta a estas penas excesivas, mencionó los casos de Miguel Peralta Betanzos, David Salazar Hernández, y Pablo López Álavez con sentencias de 50, 46 y 30 años, respectivamente.
Educa aseguró que el mayor agresor denunciado son las autoridades estatales en el 24.6% de los casos, seguidas de los poderes fácticos con 22.8% y las autoridades federales con 21.1 por ciento.
Una táctica de disuasión del Estado, señaló, es el uso de grupos de choque. “Un actor que, tras su uso en tiempos oscuros, se pensaba que estaba en desuso; sin embargo, tanto en manifestaciones contra megaproyectos del gobierno federal, como en marchas y bloqueos de comunidades indígenas, migrantes y hasta mujeres, grupos civiles violentos reaparecieron y han generado conatos de violencia en el espacio público”.
Y advierte que en territorios ocupados por grupos del crimen organizado, se empiezan a borrar las fronteras entre estos poderes fácticos, los grupos sindicales y del partido gobernante.
“Son los ejemplos de Agencia de Guadalupe Victoria del municipio de San Juan Juquila Mixes, que sufrieron desplazamiento interno de su comunidad, Unión Hidalgo en la defensa de su territorio ante la extracción ilegal de sus bienes comunes, San Antonio de la Cal frente la construcción del centro de residuos sólidos y Capulálpam de Méndez ante la extracción ilegal de sus minerales. En todos estos casos documentamos la presencia de grupos de choque que con violencia intentaron frenar su legítima defensa”.
En su monitoreo, destacó que el 86% de las personas defensoras, víctimas de agresiones pertenecen a pueblos indígenas, en los que el 35.1% son zapotecos, 17.6% son ayuuk-mixe, 11.4% pertenecen al pueblo triqui, 7% son del pueblo mixteco, 7% del pueblo mazateco y 8% pertenecen a diferentes pueblos.