Treinta y un organizaciones de la sociedad civil denunciaron el “uso faccioso” de las “instituciones democráticas” como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) en el proceso de consulta de revocación de mandato del titular del Ejecutivo Estatal y lo calificaron como un “ejercicio de legitimación forzada”.
“Denunciamos que este ejercicio no nace de una genuina exigencia popular de remoción, sino de una estrategia de autopromoción política. La recolección de firmas por la propia militancia del partido en el poder desvirtúa la naturaleza de la revocación, convirtiéndola en un acto de ratificación oficialista”, aseguraron.
Las organizaciones, mediante un pronunciamiento público, sostuvieron que la consulta es una farsa innecesaria porque no existe un riesgo real para la continuidad del Gobernador, y que el objetivo es únicamente el despliegue de músculo político para fines personales. Esto, en un contexto de control absoluto del Congreso local, cooptación de sindicatos y debilitamiento de la oposición, la consulta es una farsa innecesaria.
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También señalaron que es inadmisible que en un estado con carencias estructurales históricas se destinen millones de pesos del erario para un ejercicio cuyo resultado está prefigurado por la maquinaria estatal. “Este gasto no beneficia al pueblo, sino que financia la propaganda del régimen”, sentenciaron.
“Este proceso busca obtener un cheque en blanco para profundizar las políticas de despojo bajo el eslogan de la Primavera Oaxaqueña. Votar por la continuidad es validar el Corredor Interoceánico, la minería desenfrenada, la gentrificación y la entrega del territorio al capital transnacional”.
En su pronunciamiento condenaron la inducción al voto por parte de servidores públicos. El uso de programas asistencialistas, puntualizaron, para movilizar a la ciudadanía hacia las urnas “bajo amenaza o presión es una práctica que creíamos superada, pero que hoy es el motor de este proceso”.
De igual modo, afirmaron que las acciones públicas del gobierno morenista se siguen limitando a políticas asistencialistas mediante dádivas condicionadas y tarjetas de apoyos mínimos.
“No hay políticas constructivas ni para los campesinos ni para los trabajadores, sino un incremento real de la pobreza. Y mientras se fomenta la ficción de un falso indigenismo a modo del negocio turístico, se destruyen las bases socio-económicas y culturales de la existencia de los pueblos originarios para beneficio de las élites corruptas en el poder. Una vez más se quiere utilizar el voto de los pobres para legitimar el despojo de los derechos del pueblo”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Asamblea de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera, la Asamblea de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos, y Casa Tequiana.