Sacrifica Conagua a 10 pueblos chinantecos de Oaxaca; presa Cerro de Oro lleva 6 años cerrada

Tuxtepec.— El gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se niegan, desde hace seis años, a abrir las compuertas de la presa Cerro de Oro, en Tuxtepec, provocando que se sequen los arroyos, limitando el acceso al agua limpia a 10 comunidades chinantecas y contaminando la rivera de estos pueblos, que denuncian la creciente de algas, sargazo, lodo y podredumbre del agua estancada. 

Debido a la negativa del gobierno federal de liberar el agua y así mitigar la contaminación, crearon un frente integrado por Santa Úrsula, Los Reyes, San Rafael, Colonia Obrera, Paso Canoa, Cerro de Oro, Camelia Roja, Piedra Quemada, La Esmalta y Sebastopol.

“El alga que apareció dentro del río Santo Domingo y sus diferentes arroyos conectados a la presa Cerro de Oro lleva ya varios años afectando a los peces y a los pescadores”, explica a EL UNIVERSAL David López Mumenthey, agente municipal de Santa Úrsula.

_{Fotos: Edwin Hernández} 

“Hemos estado en contacto con personal de Conagua en Xalapa, sin que nos den una respuesta efectiva, sólo nos dicen que no tienen facultad para autorizar que se abra la compuerta y se vaya el agua estancada, nos mandan con otras instancias”, explica. 

El líder comunitario expone que las afectaciones en el ecosistema local cada vez son mayores, ya que la gente se abastecía del agua de la presa para darle de beber al ganado; ahora tienen que ir al arroyo Sal, que aún está limpio.

Se defendieron de extranjeros; se defenderán del gobierno mexicano

La población de estas comunidades es parte de la descendencia de 26 mil personas desalojadas violentamente  cuando el presidente Luis Echeverría Álvarez decretó en 1972 la construcción de la presa sobre los ríos Santo Domingo, San Juan Evangelista y Tesechoacán.

La obra, que concluyó en 1989, dejó un amargo recuerdo en la población, que vio sus casas y terrenos agrícolas inundados por el agua. 
López Mumenthey llegó en 1980 a la comunidad a trabajar como maestro rural y decidió quedarse por el agua abundante y la vegetación vigorosa; en ese tiempo conoció a muchas familias relegadas por la presa, las cuales tuvieron que abandonar sus mejores tierras de cultivo. 

En todo ese tiempo, afirma David López, nunca había visto el nivel de contaminación de los ríos aledaños al embalse y una negativa tan tajante de Conagua para abrir las compuertas.

“Hay amparos legales para ver la situación, ya casi no hay peces y la gente que habita la rivera del Santo Domingo se las está viendo muy mal y no tenemos respuesta, es increíble que tengamos una presa enorme al lado de nuestras casas y no tengamos nosotros agua para nuestras tierras; ya no podemos usar esa agua ni para bañarnos”, lamenta.

Ante las excusas del gobierno, las comunidades analizan ciertas medidas drásticas, como la toma de instalaciones.

“Ya nos enfrentamos a una hidroeléctrica que quería hacer electricidad a costa de acabar con la vida de nuestro arroyo, el mismo arroyo que entre el gobierno y la inversión extranjera querían cercar, dragarlo para que no corriera el agua, el mismo arroyo que ahora nos abastece para beber, ya nos defendimos antes, lo volveremos a hacer”, sentencia el agente.

Se refiere a la planta hidroeléctrica de la empresa Overseas Private Investment Corp. (OPIC), financiada por el gobierno de Estados Unidos en 2010.

“Nos están sacrificando”

Para el activista ambiental Gabino Vicente Francisco, la postura de Conagua obedece a un tema de interés industrial y posiblemente de seguridad nacional, que tiene que ver con la producción de energía eléctrica. 

“No quieren abrir las compuertas de la presa Cerro de Oro porque desvían el agua a la presa Temascal, ahí es donde tienen la mayor infraestructura para usar esa electricidad y abastecer proyectos nacionales, a cambio de eso están sacrificando a   10 comunidades oaxaqueñas”, dice.

Gabino Vicente, regidor de Gobernación de Tuxtepec, llevó el caso a la tribuna del Ayuntamiento y a las dependencias involucradas; su diagnóstico es el mismo que el agente municipal de Santa Úrsula: “Decidieron cerrar las compuertas y dejar que salga agua en un porcentaje muy controlado sólo para que no se seque el lecho del río... la realidad es que están generando energía en Temascal con agua de la presa Cerro de Oro”.

Gabino Vicente fue uno de los férreos opositores a la hidroeléctrica y de los primeros en denunciar a la empresa estadounidense Conduit Capital Part- ners, encargada de dinamitar los arroyos sin consultar a las comunidades. También, fue uno de los líderes que expuso la corrupción de la empresa, que ofreció dinero a ejidatarios.

Con ese antecedente, Vicente Francisco sostiene que la narrativa de Conagua es incongruente, pues se enfoca en la contaminación del río, pero en realidad es un tema que tiene que ver con la vida útil de las presas. 

“Durante décadas no se le ha dado mantenimiento a las presas, perdieron su capacidad y están bloqueadas por tierra y contaminación en las turbinas que hacen que se genere electricidad; Cerro de Oro empezó a inundarse en los 70, ya cumplió su vida útil que era de 50 años, por eso el agua la desvían a la presa de Temascal, ambas están conectadas por río en la comunidad de Pescadito de Abajo, por eso es más fácil y económico sacrificar a los que vivimos alrededor de Cerro de Oro,  dejando de lado la justicia y los derechos principales”, argumenta.

Abrir las compuertas, la solución más fácil que no quiere Conagua

Según el Informe sobre problemática de plantas acuáticas en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, realizado en marzo pasado por Semarnat y el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), el problema está ligado a una alga llamada chara que se arraiga en arcilla y arena. 

También a la aparición de una especie invasora de zonas tropicales conocida como lechuga de agua que, a través de densas matas en la superficie, evita el paso del oxígeno, lo que mata a los peces y altera la producción de plantas autóctonas, contaminando el agua.

Entre las propuestas del gobierno federal está el control de las algas mediante el uso de retroexcavadoras, con un costo de 37 millones 259 mil pesos, que incluye evaluar la calidad del agua, mitigación de contaminantes y mejora de prácticas en aguas residuales de la Cuenca. 

Sin embargo, el informe señala que el problema podría solucionarse mediante “el manejo hidráulico de río” como herramienta de control de plagas acuáticas invasivas, es decir, mantener en la presa un flujo de agua regular para que el alga sea arrancada desde los sedimentos y queden controladas. 

No obstante, para Juan Martín Velasco Acosta, capitán de puerto de la Cuenca del Papaloapan adscrito a la Secretaria de Marina (Semar),  el problema es más complejo que sólo abrir la llave: “No es fácil llevarlo a cabo, ya que se requiere un conocimiento técnico específico para no causar afectaciones mayores, no sólo es abrir por abrir porque es necesario verificar las condiciones de seguridad”.

Esta casa editorial buscó la opinión de la Conagua, pero no obtuvo respuesta.